En el tercer día de audiencia preparatoria de juicio en contra de los 47 policías acusados de rebelión durante los hechos del pasado 30 de septiembre en el Regimiento Quito Nº 1, el fiscal a cargo de la investigación, Jorge Cano, concluyó la etapa de sustentación y entrega de pruebas obtenidas en la indagación.
La conclusión de Cano es que hay suficientes evidencias de una rebelión armada con concierto previo de voluntades que se dirigió a la administración pública. Esto determinó que lo del 30 de septiembre no fue un suceso súbito, sino que hubo planificación y concentración previa, porque de lo contrario no se explica que en el Regimiento Quito se hayan presentado 1.200 ó 1.500 personas de los servicios policiales.
De ahí que el Fiscal inició la fase culminante de su intervención en la audiencia, con un informe sobre la situación en el proceso de cada uno de los 47, hecho que le toma tiempo por lo que prevé terminar hoy.
Ante la jueza Décima de Garantías Penales de Pichincha, Carmen Baño, los abogados de los acusados y familiares, indicó que el general Florencio Ruiz fue quien estableció el pliego de peticiones que en ese día hicieron público los policías.
Ratificó que los capitanes Marco Vinicio Zúñiga y Geovanny Fabricio Fuentes hablaron de una planificación, mientras que el subteniente Andrés Esteban Solano aseguraba que todo estaba bajo control, refiriéndose a la protesta y a las acciones que se cumplían el mencionado día.
Apoyado de videos, el fiscal demostró la participación de otros policías de menos rango, quienes dieron declaraciones a la prensa, incitaron a la sublevación y demostraron actitudes violentas.
En varias ocasiones los abogados defensores de los procesados rechazaron y hasta se burlaron de las pruebas presentadas por el fiscal Cano, como es el caso de la policía Mayra Verdesoto, quien es procesada por pasar, desde el balde de una camioneta policial a otro compañero, llantas para que sean utilizadas en la quema que se producía en la puerta de entrada del Regimiento Quito. La jueza pidió silencio y no dio paso a las objeciones.
En la tarde se alertó del riesgo de que el juicio se estanque, debido a que un grupo de los abogados defensores resolvió presentar una denuncia por prevaricato en contra de la jueza Décima de Garantías Penales de Pichincha, Carmen Baño.
Los abogados Patricio Armijos, Bolívar Torres y Alberto Herdoiza justificaron la decisión, en vista de que la jueza ha declarado la validez de un proceso que desde su inicio ha tenido visos de nulidad en todas las actuaciones preprocesales y procesales realizadas por el fiscal Jorge Cano. “Hemos deducido una denuncia por prevaricato en contra de la señora jueza”, dijo Armijos.
En forma paralela, en la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha se cumplió la audiencia de apelación de la sentencia que en marzo de este año declaró inocentes del intento de magnicidio, contra el Presidente de la República, al coronel César Carrión y a los policías Luis Martínez, Luis Bahamonde y Jaime Paucar.
