En el Ecuador existen 90 000 bienes patrimoniales inventariados por el Ministerio Coordinador del Patrimonio. De ellos, el 96% está en manos privadas. Las autoridades adelantaron que habrá un bono para la conservación de esos inmuebles.
La ministra Coordinadora del Patrimonio, María Fernanda Espinosa, advirtió hoy que los bienes patrimoniales no pueden ser modificados, remodelados o destruidos sin la autorización y control del Instituto Nacional de Patrimonio (INP) y la desobediencia de esta norma está tipificada por la Ley de Patrimonio con prisión y multas económicas.
La advertencia la realizó a propósito de la demolición de una casa patrimonial, en el norte de la capital ecuatoriana, efectuada en el feriado del 10 de Agosto. La ministra informó que el Municipio de Quito ha interpuesto una demanda en la Fiscalía para seguir con el trámite pertinente y sancionar a los responsables.
Mencionó que la constructora Herdoíza-Guerrero obtuvo una autorización de un juzgado para demoler la casa patrimonial, ubicada en la 12 de Octubre y Coruña, con el aval de los jueces: Mara Valdivieso, Octavio Guadalupe y Alfredo Albuja.
Sin embargo, Espinosa afirmó que sólo el INP es la institución que puede dar esos permisos sobre los bienes patrimoniales. “La demolición de un bien patrimonial es un delito penado”.
La directora del INP, Inés Pazmiño, aseguró que en el Ecuador las autoridades siguen procesos judiciales por la destrucción de bienes patrimoniales en Latacunga, Ibarra, Cuenca y Portoviejo. “El artículo 415 de la Ley de Patrimonio determina que quienes destruyan o dañen (los bienes) serán reprimidos de uno a tres años de prisión”.
Asimismo, dijo que el Ministerio realiza un constante registro de los bienes patrimoniales a través del sistema ábaco. Pazmiño agregó que los Municipios tienen la competencia para resguardar los bienes patrimoniales. El Ministerio Coordinador tiene, además, cinco regionales que ayudan en el control, dijeron las autoridades.
Espinosa no dio mayores detalles del bono patrimonial, pero adelantó que será un incentivo para que los dueños de bienes conserven los inmuebles. El convenio será con el Ministerio de Vivienda.
