El Gobierno español decidió aprobar este viernes la reducción del impuesto a la compra de vivienda de 8% a 4%, en respuesta a una “reivindicación del sector de la construcción”, como lo señaló el portavoz y ministro de Fomento, José Blanco.
La decisión se tomó el jueves en un Consejo de Ministros extraordinario, donde también se adoptaron una serie de medidas para paliar la fuerte crisis habitacional que enfrentan los españoles y que se suma a la inestabilidad de las Bolsas europeas.
Blanco indicó ante medios de prensa que la reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a la compra de viviendas nuevas entrará en vigor a partir del 31 de diciembre.
El ministro dijo que el Gobierno busca impulsar el mercado habitacional en vista de que en el país existen 700 mil viviendas nuevas vacías.
Por su parte, la ministra española de Economía, Elena Salgado, apuntó que el anuncio se trata de una medida “excepcional” además de temporal por parte del Gobierno.
“Con la rebaja del IVA, que es una medida excepcional y coyuntural, pretendemos dar salida al stock de vivienda”, justificó Salgado, quien agregó que la iniciativa se aplicará durante cuatro meses y busca respaldar al sector de la construcción.
Sostuvo que a pesar del carácter temporal del plan, el resultado generará un “impacto positivo” en la economía y facilitará el flujo de crédito.
Las medidas ya habían sido planteadas por el jefe de Gobierno, José Luis Riodríguez Zapatero el pasado 29 de julio, mismo día en que anunció el adelanto electoral para el 20 de diciembre.
Según datos del organismo estadístico Eurostat, la producción en el sector de la construcción se contrajo en España en junio un 43,7 por ciento mientras que en la zona euro bajó el 11,3 por ciento, lo que evidencia una importante brecha de descenso en la creación de viviendas para los españoles.
Entre otras de las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros, se anunció un incremento de los adelantos del impuesto de sociedades, una tasa que afectará a las tres mil 900 empresas que facturan más de 29 millones de dólares anuales. Con la medida, que estará vigente hasta el 2013, el Gobierno calcula un ahorro de unos tres mil 600 millones de dólares.
