Ecuador clausuró en lo que va de año cerca de 30 clínicas ilegales que consideraban la homosexualidad como una enfermedad, por lo que ofrecían una posible cura a ésta, mientras que colectivos homosexuales creen que podrían existir en el país alrededor de 200 centros de este tipo.
«Dicen que son 200 en el país, es posible, si nosotros clausuramos casi 30, seria muy importante que denunciaran (los afectados) para que se clausuraran todas (las clínicas ilegales)», dijo en una entrevista a Efe el ministro de Salud Pública encargado, Nicolás Jara.
Karen Barba, representante de la fundación Causana, explicó que estas clínicas se esconden detrás de centros de rehabilitación de personas adictas a las drogas, que aparentemente son legales, pero que se convierten en inconstitucionales cuando dan tratamientos a homosexuales, ya que la Carta Magna del país, aprobada en 2008, es la primera que reconoce los derechos de estas personas.
Paola Ziritt, de 28 años, estuvo dos años ingresada en uno de estos centros, donde «fue perdiendo las fuerzas para vivir», tras sufrir diferentes abusos, incluso sexuales, insultos y torturas, como estar esposada, días sin comer, palizas o que los guardias le tiraran orina o agua helada por encima.
«Fue denigrante, humillante, horrible», aseguró Ziritt, quien estuvo tres meses sola, esposada en una habitación que le llamaban «la sauna», puesto que ahí dentro no había nada más que unos tubos, donde estaba atada y ni tenía luz.
Un día, uno de los guardias se le acercó y se bajó la cremallera de la chaqueta.
Debajo de la cazadora, guardaba un trozo de pan, un yogur, leche y el libro «El hombre en busca de sentido», que relata las vivencias de su escritor, Viktor Frankl, en un campo de concentración nazi.
Pese que la madre de Ziritt fue quien la ingresó a la clínica, pues en ese entonces pensaba que la homosexualidad se podía curar, ella misma la sacó de ahí, después de que su hija le hiciera llegar, a escondidas, una carta.
Aunque Ziritt logró salir hace casi cuatro años, lamenta que la clínica en la que estuvo sigue abierta, pese que tiene múltiples denuncias, pues, según ella, muchos de estos centros «son una mafia que pagan dinero» para que no los clausuren.
Por su parte, Jara destacó que junto al ministerio de Interior están trabajando para cerrar estas clínicas «clandestinas» que están al margen de la constitución y son «un engaño», porque «no hay tratamiento para la homosexualidad».
En este mismo sentido, se manifestó el Defensor del pueblo ecuatoriano, Fernando Gutiérrez, quien enfatizó que «legislación no autoriza» el tratamiento de la homosexualidad «como una enfermedad», por lo que si hubiera un centro de este tipo se clausuraría.
Jara y Guerrero también coincidieron que, el temor a las represalias, hace que las víctimas no denuncien a las clínicas, pero pidieron a los colectivos homosexuales que saquen a la luz esta situación.
Sin embargo, la activista Cayetana Salao manifestó que los homosexuales «no se sienten protegidos por el Estado» y explicó que diferentes colectivos organizaron recientemente un simbólico juicio en el cual el principal testimonio fue Ziritt y en el que se juzgó a diferentes autoridades por la existencia de los centros.
Entre el público estaba la asambleísta, María Paula Romo, del movimiento político de ruptura de los 25, quien manifestó que pese que la «ley y los reglamentos prohíben» la existencia de estas clínicas es «totalmente deficiente la aplicación» de la legislación.
Romo también resaltó que hay «discursos religiosos y políticos que se reproducen en la familia» y que reflejan perjuicios contra los homosexuales, lo que se tiene que combatir con educación, pues recordó que, en la mayoría de los casos, es la misma familia quien ingresa a las personas en estos centros.
Pese a todo, Ziritt también aprendió algo dentro de esa clínica y las fuerzas y las ganas de vivir es lo que transmite ahora en unos talleres que da a niños de la Amazonía ecuatoriana para prevenirlos de posibles abusos sexuales y de la violencia familiar.
