Desde las 10:00 del domingo se instalará el pleno de la Asamblea Legislativa ecuatoriana para elegir a sus dignatarios: presidente, dos vicepresidentes, cuatro miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL); además se deben estructurar doce comisiones permanentes y la de Fiscalización y Control Político.
La ley orgánica de la Función Legislativa –que regula el funcionamiento de la Asamblea unicameral- establece que sus autoridades sean elegidas cada dos años.
El Parlamento ecuatoriano está conformado por 124 asambleístas. El bloque mayoritario está integrado por 54 legisladores del oficialista movimiento Alianza PAIS, que actualmente tiene la presidencia y las dos vicepresidencias y una representación mayoritaria en todas las comisiones.
Las comisiones permanentes son: 1) Justicia y Estructura del Estado; 2) de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social; 3) del Régimen Económico y Tributario; 4) de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa; 5) de Soberanía Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral; 6) de la Biodiversidad y Recursos Naturales.
7) De la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del sector Agropecuario y Pesquero; 8) de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y organización del territorio; 9) de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; 10) del Derecho a la Salud; 11) de Participación Ciudadana y Control Social; 12) y de los Derechos Colectivos, Comunitarios e Interculturalidad.
Fernando Cordero, actual titular de la Legislatura es el único candidato en firme hasta ahora. La oposición no define aún entre Betty Amores (disidente del oficialismo), Nívea Vélez (independiente) o César Rodríguez (quien el jueves renunció a PAIS por divergencias con sus compañeros de bancada).
“El compañero ha decidido salirse y, claro, eso responde a su interés de ser el presidente de la Asamblea”, dijo la asambleísta del oficialismo, Mariangel Múñoz.
Según los cálculos de la oposición, la candidatura de Rodríguez les aseguraría 64 votos, la mayoría en una Asamblea de 124 miembros, con lo que podrían dar paso a reformas en la ley de la Función Legislativa.
Este argumento, ha sido criticado por el oficialismo y por el propio presidente Rafael Correa, quien advirtió que los opositores pretenden captar voluntades con el ofrecimiento de crear nuevas comisiones, lo que supondría una carga burocrática para el Estado y el desembolso de unos 16 millones de dólares anuales.
