El Gobierno de Ecuador está dispuesto a aplicar el recurso constitucional de la muerte cruzada si persiste lo que considera un boicot de la oposición política a los cambios aprobados en la consulta popular del 7 de mayo.
A través de la muerte cruzada el presidente Rafael Correa puede disolver la Asamblea Nacional, conformada por 124 legisladores, pero debe poner también su cargo a disposición y convocar inmediatamente a elecciones.
La ministra de la Política, Doris Soliz, dijo hoy que la posibilidad de decretar este mecanismo no se trata de un chantaje como sostienen los detractores del régimen.
Recordó que a través de diversas “artimañas” la oposición se opuso, primero, a la convocatoria del referendo, luego a su aprobación, y una vez que fue aprobada -por medio de recursos jurídicos- retrasó la proclamación de los resultados, que daban paso a la aplicación de las propuestas gubernamentales.
“Efectivamente, hemos vivido ese boicot”, dijo la funcionaria quien no descartó –al igual que lo ha hecho Correa- acudir a los mecanismos “legales-constitucionales” que correspondan para hacer cumplir el mandato derivado del referendo.
El viernes pasado, la oposición legislativa logró armar una mayoría y alteró el orden del día en el que constaba la designación del delegado de la Asamblea al Consejo de la Judicatura transitorio que tiene un plazo de 18 meses para reestructurar el sistema de justicia.
De acuerdo a la propuesta del presidente Rafael Correa, aprobada en las urnas, este organismo debe estar integrado por tres miembros: uno del Ejecutivo, uno del Legislativo y uno de la Función de Transparencia y Control Social.
El bloqueo de la oposición generó la reacción del presidente Correa que advirtió con decretar la muerte cruzada
“Es fundamental que el pueblo ecuatoriano dimensione que mientras el Gobierno, el presidente Correa y las fuerzas progresistas estamos impulsando este cambio, hay una serie de maniobras, de viejas prácticas políticas, de triquiñuelas, que pretenden obstaculizar desde frentes este proceso”, dijo Soliz en entrevista con Gamatv.
El Gobierno denunció que, para lograr adhesiones de sus colegas, los opositores ofrecieron crear seis nuevas comisiones legislativas, lo que significaría una nueva carga burocrática para el Estado y el desembolso de casi 16 millones de dólares anuales.
