La proclamación de los resultados oficiales de la consulta popular es un paso fundamental para concretar los cambios propuestos por el presidente Rafael Correa en la reestructuración de la justicia y en la lucha contra la corrupción, dijo hoy el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño.
La iniciativa gubernamental propone la penalización del enriquecimiento privado no justificado por lo que Patiño, quien forma parte del buró político del movimiento oficialista Alianza PAIS, dijo que ahora se podrá extraditar a quienes “estafaron al país”.
“Ahora esos que se enriquecían ilícitamente tendrán mejor que buscar otro lugar (porque) aquí los vamos a perseguir como delincuentes. Aquí ya no hay ese marco, ese paraguas, que favorecía la impunidad”, dijo Patiño en referencia a la pregunta 6 que penaliza el enriquecimiento privado no justificado.
Otro de los temas que resaltó es la intención del Gobierno de reestructurar el sistema de justicia. “Todo el mundo reconoce que el sistema de justicia estaba colapsado. Y ahora, como el presidente lo ha dicho: no vamos a meter la mano en la justicia sino en la injusticia, en la corrupción, para que eso se supere”.
El funcionario destacó que se pudo superar decenas de obstáculos y finalmente se respetó la voluntad de los ciudadanos.
El ministro deploró la serie de obstáculos que puso la oposición, antes, durante y después de la consulta. Justamente las apelaciones e impugnaciones retrasaron la proclamación de los resultados pese a que el Consejo Electoral concluyó el cómputo de los escrutinios el 18 de mayo.
Patiño estuvo en el Salón de la Democracia en la oficialización de los resultados del referendo junto al secretario de Alianza PAIS, Galo Mora; del subsecretario de Tierras, Miguel Carvajal, y un grupo de simpatizantes del régimen.
La oficialización de los resultados permitirá que el Gobierno empiece a implementar los cambios propuestos en el referendo. Uno de ellos es la conformación de un consejo tripartito que, en 18 meses, tiene el encargo de reestructurar el sistema de justicia.
El Consejo transitorio estará conformado por un delegado del Ejecutivo, uno de la Asamblea Nacional y un representante de la Función de Transparencia y Control Social.
