A las 02:00 del viernes pasado, el asalto al bus de la cooperativa de transporte Pelileo, disco 14, dio paso a un inesperado despliegue policial que permitió capturar cuatro presuntos delincuentes. Todo se inició cuando los asaltantes -al observar que agentes realizaban chequeos de rutina en la carretera- exigieron al conductor que acelere la marcha del vehículo para evitar ser identificados por las autoridades del orden.
Así comenzó la persecución en la que se logró aprehender, a la altura de la Escuela de Artillería Octavio Icaza, donde fueron rescatados los pasajeros, a Adrián Emilio Andrade Mazarí, alias “Pajarito”, quien fue detenido cuando aún era menor de edad como sospechoso de cometer seis asesinatos.
No obstante fue liberado el 13 de abril de 2010 por el juez de la Niñez y Adolescencia, Patricio Hidalgo, luego de que sustituyera el aislamiento preventivo por la de presentarse, semanalmente, al juzgado cuando faltaban dos días para que cumpliera 18 años.
Esa decisión judicial fue motivo de polémica al punto que el gobernador del Guayas, Roberto Cuero, en esa fecha, criticó la resolución. “Este tipo de cosas lesiona el trabajo de la Policía Nacional… este es un joven que se ha comprobado que está vinculado con una serie de asesinatos”, comentó.
Un año dos meses después surgen nuevos cuestionamientos por parte de las autoridades de control, que encuentran frustradas sus acciones, ante la salida de delincuentes de las cárceles del país.
Ramiro Mantilla, jefe del Distrito Metropolitano de Guayaquil, indicó que los operadores de justicia dictan erróneamente medidas sustitutivas en casos que se deben considerar ciertos niveles de peligrosidad.
En este contexto se refirió a que, por ejemplo, la tenencia ilegal de armas de fuego no se toma con los agravantes necesarios. “Hay que recordar que el 80% de los delitos se comete con armas”, acotó.
Las críticas se agravan más cuando la aplicación de medidas alternativas, que permiten la libertad de presuntos delincuentes, motivaron el cometimiento de otros delitos por parte de los mismos sospechosos.
Por ejemplo, Mantilla dio a conocer que, la madrugada del viernes pasado, agentes de la Unidad de Investigaciones Antidelictivas (UIA) allanaron varias viviendas y detuvieron a tres personas que estarían involucradas en los delitos de secuestro exprés, sacapintas y robo a domicilios.
Uno de los detenidos, Richard José Párraga Anchundia, registra tres detenciones por tenencia de armas en 2009 y 2010 y por asociación ilícita en 2011.
Otra persona capturada con un largo historial es édison Leandro Bajaña Ortega, de 47 años, quien tiene once aprehensiones en su contra desde 1987. La última se dio en marzo pasado cuando fue detenido junto con Carlos Enrique Rosado Peralta, de 49 años, quien tiene trece cargos en su contra desde 1983, por asociación ilícita.
Ante este tipo de casos el ministro del Interior, José Serrano, anunció que acudirá personalmente -en los que sean necesarios- a las audiencias en contra de los delincuentes para evitar la impunidad.
El anuncio lo hizo el miércoles pasado luego de firmar la denuncia en contra de los seis presuntos implicados en el asalto ocurrido, el martes 28 de junio, en el sector La Concepción, al norte de Quito. Durante el hecho resultó herido el policía Nixon Chamba, falleció uno de los presuntos delincuentes y fueron detenidos seis sospechosos.
Para el director nacional de la Defensoría Pública Penal, Ernesto Pazmiño, la decisión del ministro no es la más acertada que se pueda tomar en este momento. “Si bien es cierto que existe mucha presión por parte del Gobierno para que los delincuentes no salgan en libertad a las pocas horas, la presencia del funcionario en las audiencias de formulación de cargos no es adecuada, ya que puede verse como una presión a los jueces”, dijo.
Consideró que se debe implantar un mecanismo de evaluación de la gestión a los jueces de manera constante, con parámetros claros establecidos. “Esta evaluación se enfocaría en lo jueces de flagrancia, para que el trabajo no sea realizado por cumplir unas cifras nada más, sino un trabajo bien investigado y que cumpla con todas las etapas procesales necesarias”.
