Miguel Jurado, fiscal encargado del caso del juzgamiento del coronel Rolando Tapia, ex jefe de la Escolta Legislativa y de otros cinco polícias acusados de atentar contra la seguridad del Estado el 30 de septiembre de 2010, manifestó que el juicio se encuentra en su fase final y se espera que la tarde de este viernes o a más tardar el lunes, el Tribunal decida.
El caso, que se encuentra en el Juzgado Quinto de Garantías Penales de Pichincha, avanza con rapidez y de forma reservada. Durante el transcurso de este día se prevé que la Fiscalía presente el alegato de los otros cinco policías acusados como cómplices de Tapia.
La audiencia de juzgamiento inició el lunes, 20 de junio de manera reservada, esto por pedido de Renato Vásquez, juez de Garantías Penales de Pichincha, quien señaló que por tratarse de la audiencia de un delito contra la seguridad del Estado, «solo deben estar presentes los procesados y sus abogados».
Durante el primer día de audiencia, asambleístas de diversas tendencias partidistas acudieron al Palacio de Justicia para rendir su declaración.
Así, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Irina Cabezas, señaló que es importante la audiencia de juzgamiento a Tapia a fin de esclarecer ante la ciudadanía los hechos ocurridos el 30 de septiembre pasado en la sede legislativa.
Cabezas argumentó que dentro de las atribuciones que otorga la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 12 a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, se detalla: Convocar, instalar, presidir, suspender y clausurar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno y del CAL y por ello el 30 de septiembre de 2010, día en que estaba encargada de la Presidencia del Parlamento, procedió a suspender la convocatoria a la sesión de esa fecha ya que no se garantizaba la seguridad de la Institución ni la vida del Presidente de la República, Rafael Correa.
«Nunca se instaló la sesión, no se verificó quórum, simplemente dentro de mis atribuciones como Presidenta en ese momento encargada de la Asamblea, la suspendí», puntualizó Cabezas.
Mientras tanto asambleístas de oposición justificaron la insurrección de la Escolta Legislativa aduciendo que la causa de lo sucedido el 30 de septiembre fue por la falta responsabilidad institucional y política de quienes ordenaron el operativo de rescate del Presidente de la República en el Regimiento Quito.
Durante toda la semana a los exteriores del Palacio de Justicia han permanecido los familiares de los policías acusados para quienes solicitan su libertad, así como también los familiares y amigos de las víctimas del 30S que abogan porque los hechos de ese fatídico día no queden en la impunidad.
