El asambleísta de PAIS, ángel Vilema, quien forma parte de la Comisión Ocasional de Comunicación, aseguró que el informe sobre el proyecto de ley de comunicación está siendo analizado meticulosamente por todas las bancadas del legislativo
Según Vilema, independientemente de que el Presidente de la República, Rafael Correa, hubiera enviado o no a un delegado a participar del debate sobre el proyecto de ley de comunicación en la Asamblea Nacional, la constitución le dá el derecho para vetar cualquier cuerpo legal y en ese sentido, indicó que en su mayoría se ha podido llegar a consensos que permiten que las leyes aprobadas, no solo sean satisfactorias para los poderes del Estado sino para la ciudadanía en general.
Asimismo, señaló que el Legislativo no ha tenido la capacidad de regular los temas que se propusieron en la consulta popular respecto a los medios de comunicación, como por ejemplo que ninguno de sus propietarios puede dedicarse a otra actividad económica y además la creación del Consejo Regulador de Medios.
“Ayer (miércoles) la ciudadanía se dio cita a la comisión y estamos diciendo que todas las observaciones son bienvenidas porque esto debe resolverse en máximo tres meses”, acotó.
En ese sentido, explicó que dicho Consejo debe tener no un representante del ejecutivo sino más bien un representante del Estado que este acorde con el interés de toda la ciudadanía.
De ahí que dijo que en el informe del proyecto de ley que hasta el momento ha sido redactado por la Comisión nombrada para el efecto, se indica que el Consejo Regulador no puede clausurar un medio de comunicación, pero sí, sancionarlo económicamente.
El asambleísta aseguró que dicho informe también controla los medios públicos y además explicó que las cadenas sabatinas por ejemplo tendrán un determinado tiempo para ser transmitidas y no solo podrán ser ocupadas por el ejecutivo sino por todas las funciones del Estado.
Finalmente expresó que este viernes a las 13:30, el bloque de alianza país acudirá al Palacio de Carondelet para analizar la agenda legislativa y evaluar las relaciones entre el ejecutivo y la Asamblea Nacional.
