En la respuesta que los directivos de diario El Universo dan a la investigación legal planteada por la Comisión de Tránsito del Ecuador (antes de la provincia del Guayas), sobre los problemas en la construcción de la antigua terminal terrestre de Guayaquil, aseveran que sus compañías nunca contrataron directamente con el Estado ecuatoriano sino que fueron simples contratistas de la japonesa Fujita, encargada de la construcción total de la obra.
Sin embargo, una escritura pública de 1978, refrendada en la Notaría Quinta del cantón Guayaquil, muestra que Prenor, de la que Adan C.A de propiedad de la familia Pérez era accionista, si contrató directamente con el Estado.
El documento evidencia la legalización del “Contrato de elaboración del proyecto definitivo del Terminal Terrestre de Guayaquil”, celebrado entre la ex Comisión de Tránsito del Guayas y la compañía Prenor, Prediales e Industrial del Norte S.A.
Es decir, Prenor fue la encargada de diseñar los planos de la polémica construcción y, Matricsa, de la que también eran accionistas los Pérez, elaboró las losetas que posteriormente fallaron y dejaron en la inutilidad a la terminal de buses. Cuando la CTG entabló una demanda por daños y perjuicios a la japonesa Fujita, esta se defendió afirmando que la empresa directamente responsable del fracaso de la obra era Prenor por haber mal diseñado la edificación.
Efectivamente, en las conclusiones relativas a la revisión y estudio del análisis y diseño estructural de la Terminal Terrestre del ingeniero Fernando Pinto Acuña se establece que “el cálculo estructural no se sujetó al prescrito en los códigos AASTHO y ACI, pese a que así lo establecen las memorias del cálculo original”. El ingeniero Pinto dice que a su criterio eso originó que algunas armaduras fueran inferiores a las que se requerían.
Igualmente, menciona que se modificaron las “hipótesis originales de cálculo, al variar el comportamiento real de una sección frente al supuesto original del calculista”. Indica que tal es el caso de las vigas prefabricadas que habiendo sido concebidas para su trabajo como sección T se comporta como secciones rectangulares”. En otras palabras la CTG acordó el levantamiento de una obra y recibió una cosa totalmente distinta.
Al haber quedado en la impunidad este caso de estafa al Estado, el miércoles anterior los directivos de la ahora Comisión de Tránsito del Ecuador decidieron reabrir las investigaciones del perjuicio que en aquel entonces ascendía a 700 millones de sucres, que al cambio de la época llegaba a 100 millones de dólares.
La CTE encargó al abogado Antonio García una investigación particular y este el miércoles anunció las conclusiones preliminares. García indicó que en 1978 la ex CTG compró a la empresa Prenor los terrenos donde se iba a levantar la obra, además de los planos arquitectónicos. Con esta adquisición se abre un concurso público para seleccionar a la constructora. Se presentaron 11 candidatos, pero fueron calificados solamente 4. No obstante, las entonces autoridades de la CTG solicitaron que se les permitiera la contratación directa de la obra, mecanismo bajo el cual contrataron a la empresa japonesa Fujita.
La CTE intenta ahora reabrir el caso y buscar la posibilidad de recuperar esos millones de dólares que perdió el Estado ecuatoriano.
Este caso ha ganado notoriedad precisamente porque en la actualidad en la Asamblea se discute la creación de una ley que impida a los dueños de medios de comunicación intervenir en negocios que no sean los medios.
