El Gobierno del Ecuador denunció hoy que la minería ilegal que se practica en la población costera de Esmeraldas, además de afectar al ambiente y a la salud humana, también conjuga otros delitos como narcolavado, sicariato, presencia de milicias armadas.
“Por eso hemos llegado al nivel de seguridad nacional”, dijo el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, quien ratificó la legalidad de la operación militar realizada en fin de semana anterior en las poblaciones de Eloy Alfaro y San Lorenzo, donde se destruyeron alrededor de 70 retroexcavadoras utilizadas para las labores de minería ilegal.
El funcionario dijo que este tipo de actividad está financiada por “grandes inversionistas y especuladores” por lo que aseguró que el Gobierno respaldará a la población desempleada, a través de proyectos impulsados conjuntamente con Plan Ecuador, institución que trabaja con programas integrales en las zonas de la frontera norte.
Asimismo, respaldará a los pobladores que alquilaban las maquinarias ahora destruidas y que están siendo amenazados por sus propietarios.
El ministro anunció que la Empresa Nacional Minera firmará contratos de operación con las asociaciones mineras artesanales, a fin de lograr su regulación en el plazo máximo de seis meses, tal como se hizo en las localidad de Conguime en la provincia de Morona Santiago, donde se intervino el año pasado. “Vamos a regular esa actividad para desarrollarla de forma técnica, ambiental y social”. Recalcó que la decisión está amparada en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Minería.
Este lunes iniciarán los diálogos con los “verdaderos mineros” para definir las condiciones de la apertura de la actividad.
En Esmeraldas, al menos el 90% de la actividad minera es ilegal y se extiende en ocho zonas en donde, en los últimos seis meses, se han obtenido 130 millones de dólares “Cuánto han dejado al Estado: cero; a las poblaciones: explotación laboral y enfermedad; y a la naturaleza: destrucción”, manifestó Pástor.
La ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, informó que dentro de la hoja de ruta trazada se ha dispuesto un estudio detallado sobre los pasivos ambientales causados, a fin de establecer el costo que le significará al Estado ecuatoriano la remediación de las zonas.
En el último análisis de las aguas del río Santiago y sus afluentes se identifica existencia de metales pesados “preocupantes”, como el arsénico. “Esto puede causar alteraciones genéticas en las poblaciones”, explicó Aguiñaga.
