El ministro ecuatoriano del Interior, José Serrano, ratificó que apelará el dictamen absolutorio en favor de los policías acusados de tentativa de asesinato contra el presidente Rafael Correa, durante el intento de golpe de Estado, el 30 de septiembre de 2010.
El funcionario dijo que el Gobierno analiza enjuiciar penalmente por prevaricato a los jueces que dictaminaron la inocencia de los imputados.
La reacción del Gobierno ocurre luego de la resolución del juzgado Quinto de Garantías Penales, que dictaminó la inocencia del coronel César Carrión, exdirector del hospital de la Policía; Jaime Paucar, policía acusado de intentar quitar la máscara antigás al mandatario; mayor Luis Martínez, acusado de llamar por la radiopatrulla a asesinar a Correa; y Luis Bahamonde, por lanzar una bomba lacrimógena contra la integridad del jefe de Estado.
Serrano denunció la parcialización de los jueces con los acusados, quienes -en su opinión- desestimaron “pruebas contundentes y testimonios” presentados por la parte acusadora, por lo que espera que en el proceso de apelación “las cosas se transparenten”.
Señaló a los magistrados de querer dejar en la impunidad una de las páginas más negras de la historia del país, y advirtió que el régimen utilizará todas las herramientas legales y constitucionales para que se haga justicia.
“Hay los elementos suficientes que demuestran que los implicados participaron en los hechos que se les imputan”, dijo Serrano. Entre ellos están los testimonios de Paucar y Bahamonde, quienes reconocieron su culpabilidad.
Otra de las pruebas sería el peritaje que determinó que la voz del mayor Luis Martínez coincidía con la grabación del audio de la radiopatrulla, en la que se llama a matar al presidente Correa. El ministro Serrano lamentó que, pese a esto, el presidente de la Sala Penal de Pichincha desestimó la pericia y solicitó otra –realizada con un sistema casero- que dio un resultado diferente.
En el caso de Carrión, sostuvo que el coronel utilizó sospechosamente una bata de médico, pese a que es abogado, para poder acceder con libertad hasta la habitación donde se encontraba retenido el mandatario el 30 de septiembre.
Argumentó su acusación de parcialización contra el juez Hugo Sierra por haber actuado como parte de la defensa, al interrogar a los testigos de la Presidencia.
Más temprano, el presidente Rafael Correa lamentó que la prensa del país se atribuya la calidad de juez y, prácticamente, haya dictaminado la inocencia de Carrión, por lo que propuso que éste se someta a la prueba de polígrafo para certificar que no miente. El mandatario planteó hacer lo propio respecto a las acusaciones de haber recibido fondos económicos de las FARC para financiar su campaña en 2006.
