Ejecutivo recuerda que la Asamblea está obligada a legislar las disposiciones del soberano

El Presidente de la República, Rafael Correa, recordó que una vez que el pueblo ecuatoriano se pronunció a favor de las propuestas incluidas en la Consulta Popular, ahora la Asamblea Nacional está en la obligación de tramitar leyes como la de Comunicación y reformas para penalizar el enriquecimiento privado no justificado o la no afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social.
El Jefe de Estado señaló que los legisladores deben operativizar en el menor tiempo posible el pronunciamiento ciudadano y que si esto no ocurre, entonces el Gobierno deberá actuar para garantizar que esto se cumpla.
“Donde hay reformas legales que le corresponden a la Asamblea es en la parte de la consulta (…) La pregunta 6 por ejemplo (..) Esta la orden del soberano y lo tiene que hacer si no, estaríamos en dictadura por parte de la Asamblea”, señaló el gobernante, quien agregó que espera que los legisladores entiendan bien la disposición que los ciudadanos han dado en las urnas.
“Ojalá tenga un buen mensaje la oposición, para que aprenda a ser un poquito más responsable”, señaló.
Al referirse a la pregunta número seis que tiene relación con la penalización del enriquecimiento privado no justificado, señaló que esta propuesta fue manipulada por parte de la oposición con muy mala fe y con las mentiras de siempre.
Indicó que hoy la voluntad popular pide que sean las autoridades las que inicien las investigaciones necesarias y sancionen a todos quienes se han hecho millonarios de manera ilegal y que es en ese sentido que debe legislar la Asamblea.
“(El pronunciamiento del pueblo) Nos permite además ir contra los peces gordos, que estén involucrados en lavado de dinero , o narcotráfico y que no puedan justificar de donde proviene su riqueza”, señaló.
Agregó que de igual forma, la Legislatura debe acatar la decisión del soberano en lo referente a la Ley de Comunicación que debe ser aprobada sin dilaciones incluyendo la integración de un consejo de regulación de contenidos que buscará corregir los abusos de los medios de comunicación que con la difusión de determinada programación atentan contra los niños y la honra de las personas.