Zenón Vargas, su hija Aída Vargas y el secretario nacional de Transparencia de Gestión, Edwin Jarrín, acudieron ayer al Consejo de la Judicatura (CJ) para presentar la denuncia en contra del presidente de la Corte Provincial de Justicia de la provincia de Bolívar, Fausto Leopoldo Chávez del Pozo.
El funcionario judicial es acusado del delito de usura o “chulco”. Zenón Vargas es un mecánico que vive en el cantón Guaranda. Hace 16 años solicitó a Chávez un préstamo de 3.000 dólares (en ese entonces la moneda era el sucre), para poder adquirir un vehículo que le servía para su trabajo.
Dijo que desde ese entonces la deuda en lugar de bajar, ha subido y ahora el monto llega a los 6.000 dólares. “Ya no podemos seguir pagando interés sobre interés de una deuda interminable. Ahora nos quiere quitar la casa porque firmamos una letra de cambio de 6.000 dólares y la vivienda está valorada en más de 100.000 dólares”, indicó Aída.
El secretario de Transparencia de Gestión, Edwin Jarrín, señaló que ante esta denuncia ciudadana solicitó la suspensión del mencionado juez.
Mientras que avanzan las investigaciones por los supuestos actos ilícitos que estaría cometiendo Chávez desde 1966, Jarrín dijo que existen otras personas perjudicadas que por miedo no revelaron esta actividad.
“Hay gente perjudicada que viene pagando el 10% de interés mensual y además con este antecedente se sospecha que utilizó su poder para presionar a los jueces, quienes han determinado embargo de bienes por las deudas a su favor”, señaló Jarrín.
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