El juez Décimo Segundo de lo Civil, Pedro Iriarte, quien lleva el caso de Cervecería Nacional (CN), reveló que estuvo a punto de renunciar al cargo por presiones.
Iriarte dictó la semana pasada una providencia en la que determinó un plazo de 48 horas para que la empresa pague 91 millones de dólares a un grupo de ex trabajadores.
Sin embargo, la sentencia aún no se ejecutoria debido a que ambas parte presentaron otros recursos legales.
“Estuve dispuesto a renunciar pero ahorita entré en capricho porque toda la gente me culpa a mí como que si yo fuera responsable de esta majadería y todo el mundo quiere obtener beneficio a costa de este servidor judicial”, aseveró.
“Por eso es que me lleno de todas las facultades que me da la Constitución y las leyes y que venga todo el mundo (…) y vea que por mi lado no pasa dinero alguno”, destacó.
Mientras Iriarte resuelve los nuevos recursos presentados por las partes, que incluso no atendieron una audiencia de conciliación, la batalla se radicaliza.
“El plazo de las 48 horas, que tenía Cervecería para depositar los 91 millones, venció el miércoles 13 de abril tal cual lo dice la sentencia de la Corte del Guayas”, manifestó Jaqueline Vallejo, vicepresidenta de los ex trabajadores de la empresa.
