La pregunta 3 de la Consulta Popular no limitará la inversión extranjera en el país y tampoco afectará el funcionamiento administrativo de los medios de comunicación comunitarios o de los medios públicos. Así lo aclaró hoy el Presidente de la República, Rafael Correa.
En una entrevista con Radio Pública del Ecuador, el Mandatario contestó algunas interrogantes planteadas por los oyentes de esa estación.
En ese contexto, el Jefe de Estado explicó que la pregunta 3 del referéndum lo busca es evitar los conflictos de intereses que existen cuando los propietarios, accionistas o directivos de los medios de comunicación tienen negocios o ejercen actividades relacionadas con la banca.
El gobernante aclaró que en el caso de que exista un empresario extranjero interesado en invertir en el país, podrá realizar su inversión aunque tenga alguna relación con medios de comunicación del exterior.
“En este caso no se aplica (la pregunta 3). Esto es para los medios de carácter nacional. Si son del exterior no ahí no hay conflicto de intereses”, recalcó el Presidente, quien aclaró que la propuesta planteada en la Consulta Popular tampoco afecta a los medios de comunicación comunitarios o públicos
“Estos no son negocios y en buena hora si pueden tener un sistema integral, es decir, una radio, más una cooperativa de ahorro y crédito más un centro de capacitación”, dijo el Mandatario quien recordó que los medios comunitarios y públicos no tienen fines de lucro sino una función social.
Y es que la pregunta 3 de la Consulta lo que propone es el establecimiento claro de prohibiciones para que los dueños, accionistas y directivos de los medios de comunicación tengan negocios o actividades relacionados con los bancos y viceversa.
El propósito es evitar el conflicto de intereses que ya se ha producido en el país y que trajo nefastas consecuencias para los ecuatorianos.
El caso más concreto es el del extinto Filanbanco, cuyos ex accionistas (William y Roberto Isaías Dasumm) también eran los propietarios de varios medios de comunicación que fueron utilizados para defender sus intereses particulares cuando esa entidad bancaria quebró.
Cosa similar ocurrió con el Banco del Progreso cuyo ex propietario (Fernando Aspiazu) poseía también el desaparecido canal SíTV, el diario El Telégrafo y otros medios que fueron utilizados para desinformar a los ciudadanos durante la crisis financiera que llevó a esa entidad al cierre definitivo con el consecuente perjuicio económico para millones de ecuatorianos.
