La ciudadanía y las veedurías deben acompañar la reestructuración del Sistema Judicial del Ecuador. Esa es la tesis que defiende María Díaz, del Observatorio de Justicia de Guayaquil.
Para Díaz, la Consulta Popular que se realizará el próximo 7 de mayo en Ecuador y que tiene como objetivo modificar los articulados de la constitución respecto del sistema judicial, es urgente.
La abogada en libre ejercicio afirmó en un diálogo con Andes que las organizaciones encargadas de la veeduría de Justicia del Ecuador han trabajado desde 1996 cuando hicieron manifestaciones y plantones de protesta por un paro protagonizado por los “judiciales”.
Díaz recordó que en esa ocasión los empleados judiciales paralizaron los servicios públicos porque se abrieron expedientes administrativos en contra de los funcionarios ángela Albán y ángel Rubio.
“La marcha fue espontánea de abogados y usuarios que ya estábamos cansados de que cuando los jueces han sido sancionados tengan toda la potestad para paralizar el servicio público”. Todos estos ‘sinsabores’, explicó la profesional, hacen oportuna la reestructuración de la Justicia, que “en otros Gobiernos no se ejecutaron”.
Afirmó que el ciudadano común, siente confianza en el Presidente Rafael Correa “puede hacer un cambio trascendental a diferencia de los otros gobiernos que hicieron y metieron la mano a la justicia con prepotencia y con arbitrariedades (…) pero nunca se consultó al pueblo, esa es la diferencia”.
El Observatorio de Justicia apela a que la reestructuración del sistema judicial tenga la participación de los cuerpos ciudadanos apoderados del tema. Para ello, han desplegado una red de 11 observatorios a escala nacional y se ha conformado la Federación Nacional de Observatorios del Sistema de Justicia del Ecuador.
