Sanción al enriquecimiento ilícito privado no será instrumento de persecución, afirma titular del SRI

El director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, descartó que la pregunta seis, que pretende castigar el enriquecimiento privado ilícito, pueda ser utilizada como un instrumento de persecución política.
Durante una entrevista televisiva, el titular del SRI señaló que solo tipificando el enriquecimiento injustificado como delito autónomo “hay posibilidad de saneamiento”, ya que actualmente “si se detecta un sustancial crecimiento patrimonial, y es injustificado, no pasa nada”.
Asimismo, sostuvo que el interés no es la persecución. Para sostener su punto de vista, recordó que desde hace tres años se aplica la declaración patrimonial y que no ha habido ningún indicio de persecución. “No ha habido siquiera filtración de información”, añadió.
En ese sentido, explicó que actualmente la propia investigación sobre declaración de ingresos vence a los tres años y así caduca la facultad determinadora del SRI, por lo que un evasor, pasado este tiempo, puede quedar limpio de culpa. Por eso, el principal de esta institución cree que la sexta pregunta “permitirá combatir seriamente algunos delitos cometidos por chulqueros, narcotraficantes, traficantes de armas”, entre otros.
De acuerdo a datos del SRI, el año pasado 699 personas incrementaron su patrimonio a un millón de dólares, pero 121 de ellos realizaron declaraciones en cero. Mencionó que los sitios donde existe mayor evasión son el Litoral sur y específicamente Guayaquil.
Expuso, además, que a pesar de que se han iniciado procesos en contra de quienes han incumplido dichas obligaciones, los jueces han ordenado solamente medidas sustitutivas por lo que “nadie llegó a la cárcel y eso es evasión”.
Para Carlos Marx Carrasco, la principal traba en los procesos es que debe probarse que existe el dolo y eso “es un viacrucis”, debido a que la gente argumenta olvido u otra circunstancia de cualquiera naturaleza”.
Para el director del SRI el eje transversal de esa consulta “es la ética y la moral pública” que, en su opinión, permitirá “poner fin a esos impúdicos crecimientos patrimoniales ilícitos”.