“La justicia no tiene precio y sin justicia no hay desarrollo”, advirtió hoy el presidente ecuatoriano Rafael Correa al ser consultado sobre la pregunta cuatro del referendo que pretende cambiar el Pleno del Consejo de la Judicatura por una comisión de transición de tres personas que trabaje durante 18 meses.
El mandatario reconoció en una entrevista televisiva que en este período no se cambiará todo, pero si a la mayoría de cosas que fallan al interior de la justicia. “Cambiaremos mucho, pero es imposible cambiar todo. El compromiso es poner nuevos liderazgos”.
También respondió a la interrogante de cuánto se invertirá para reformar el sistema judicial, a lo que Correa contestó: “Lo que cueste habrá que invertir en justicia” y mencionó que, de acuerdo a un estudio preliminar, se necesitarán unos 90 millones de dólares “para empezar”, aunque recordó que lo “fundamental es tener jueces probos”.
Explicó, asimismo, que dicha comisión hará “lo que no hizo el Consejo de la Judicatura” y que será un ente más ejecutivo. De paso denunció un bloqueo de información desde el Consejo actual para “impedir la evaluación a los jueces penales”, que está a cargo de la Universidad de Talca, de Chile.
Respecto a la relación con Estados Unidos, tras la salida de la embajadora Heather Hodges, el Jefe de Estado señaló que se debe dar “la debida dimensión” al asunto, ya que muchas cosas publicadas en los cables de Wikileaks “son imprecisiones muy graves”.
Mantuvo además la posición de que la única vía de respuesta “de una país soberano” era la que se tomó al nombrar a Hodges como persona no grata. Para el Presidente, los grave es que desde la Embajada norteamericana se hable de infiltración en la Policía al referirse a gente de la seguridad nacional como “nuestros contactos militares, nuestros observadores”. “La cuestión es que esta gente tiene personas infiltradas en la Policía”.
Tras este impasse diplomático, las relaciones entre los dos países quedaron a nivel de encargados de negocios, pero el Mandatario sostuvo que las relaciones comerciales continúan, a pesar de la no renovación de las preferencias arancelarias que no están en vigencia desde hace más de dos meses. “Las relaciones son buenas, por supuesto que se han afectado, pero nadie lo buscó. La embajadora siempre estuvo en contra del Gobierno”, añadió Correa.
Entre las medidas que mencionó que se tomarán para ayudar a los exportadores, la principal es la del abono tributario que consistirá en un certificado con el que los empresarios nacionales podrán pagar los tributos y compensar de alguna forma las pérdidas. “Se darán certificados por determinados montos para que puedan pagar impuestos, es un alivio tributario”, anotó.
También se tomarán medidas logísticas y se diversificará el mercado. Medio Oriente y Europa están en la lista de expansiones.