La transformación del sistema judicial ecuatoriano no demanda de soluciones parches, sino del cambio de modelo de gestión y de participación del talento humano. Así lo considera el grupo de expertos chilenos que asesoran al Ministerio de Justicia en la reestructuración de esta área del Estado.
El sociólogo, Patricio Rivas, experto chileno que participó en la reforma de justicia de su país, manifiesta que las reformas judiciales no deben ser graduales, sino que deben responder a determinaciones y decisiones políticas del poder Ejecutivo para modernizar y democratizar la sociedad.
“Se trata de un momento de reconversión y transformación, de crear una nueva justicia. El continuismo del sistema actual generaría un lastre para el proceso de reformas”, dice.
PRENSA Y GRUPOS ECONóMICOS TAMBIéN SE OPUSIERON A REFORMAS
En 2005, Chile reformó su sistema de justicia, a pesar de la oposición de los medios de comunicación ligados a grupos económicos, del sector judicial y de la Universidad de Chile, que era la que en mayor número proveía de jueces del antiguo sistema.
Al final las reformas se hicieron y los resultados fueron altamente positivos.
Cuando el Ejecutivo de ese país decidió impulsar la transformación del sistema judicial fue porque, entre otras cosas, el 85% de la población rechazaba el trabajo ineficiente de jueces y magistrados, caso similar al ecuatoriano.
No obstante, luego de aplicadas las reformas los niveles de rechazo disminuyeron al 45%.
Esto básicamente porque antes de la reestructuración del sistema de justicia los procesos legales tardaban en promedio dos y tres años para llegar a un dictamen. De hecho, el 97% de casos iniciados quedaban sin sentencia.
Ahora, el tiempo promedio de resolución de los casos es de 98 días, explica Cristóbal Pascal, coordinador del grupo de asesores chilenos.
LOS JUECES A LOS PROCESOS Y LOS FUNCIONARIOS A LO ADMINISTRATIVO
El jurisconsulto señala que para lograr este cambio, fue necesaria la separación de las funciones jurisdiccionales de las netamente administrativas, tal como se propone actualmente en la Consulta Popular que promueve el Gobierno de Rafael Correa.
Pascal asegura que lo óptimo es que los jueces se concentren en la resolución de los casos y no en actividades como el pago de servicios básicos, pago de sueldos u otros.
Además, el sostiene que los funcionarios judiciales deben ser capacitados a través de una escuela judicial. Si luego de ello, funcionarios no pueden desprenderse del antiguo sistema, entonces es necesario entrar a un proceso de selección.
Sobre el proceso de reforma al sistema de justicia que impulsa el Ministerio del ramo, el asesor chileno dice que los cambios propuestos son acertados.
“Vemos que el Ministerio de Justicia ha diseñado en forma adecuada los ejes en los que se desarrolla el proceso de reforma de justicia en Ecuador, en base a cuatro grandes líneas”, indica.
Estos ejes están orientados a la gestión del talento humano a través de la carrera y escuela judicial, a la separación de las funciones jurisdiccionales de las administrativas y además a la aplicación de un plan de acceso a la justicia para todos y otro de información y tecnología
Respecto a la participación del Ejecutivo en la designación de las autoridades de justicia, Pascal explica que en Chile, la figura presidencial es muy fuerte.
Para el caso de los jueces de primera instancia se propone una terna de la cual el Presidente selecciona un candidato. En cambio en el caso de la Corte Suprema, cuando hay una vacante se genera una quina (cinco candidatos), de ella el Presidente escoge una persona y su nombre se pone a consideración del Senado para su aprobación con el respaldo de las dos terceras partes de legisladores.
El coordinador de la asesoría chilena, indica que con este tipo de reformas esperfectamente que la justicia esté al alcance de cualquier persona y en cualquier sector geográfico, en forma transparente y ágil.
