BEDE calificará proyectos para desarrollo de comunidades que se benefician del 12% de utilidades petroleras

Las comunidades que se benefician del 12% de las utilidades petroleras tienen que presentar los proyectos al Banco del Estado (BEDE) para su calificación, dijo el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor.
En una entrevista en un medio local, el ministro señaló que para el desarrollo de los proyectos no se entregará dinero en efectivo, sino que existe un instructivo que se elaboro en los últimos dos meses con el BEDE para la presentación de los mismos.
Estos tienen que ser destinados a salud, vialidad y a “elevar el nivel de calidad de la gente”. El ministro citó como ejemplo Pañacocha, donde se necesita un muelle y para hacerlo se debe desplazar a la población que está sobre el río. Según Pástor en el lugar viven 300 familias, por lo que se utilizará equipo pesado y la adjudicación tiene que ser a una empresa que pueda hacer el trabajo.
“La ventaja es que son proyectos diseminados, son proyectos pequeños para agua potable, alcantarillado, etc… y son planes en los que el BEDE va a ayudar a formularlos, convenientemente. También los ministerios sectoriales tiene la obligación de ayudar a las parroquias a expresarlos adecuadamente”, refirió Pástor.
El 12% de las regalías petroleras representan 92 millones de dólares, por lo que se espera que los municipios y localidades presenten los proyectos para poder adjudicar el dinero y hacer las obras.
En el país existen tres provincias que se beneficiarían principalmente de las regalías petroleras, estas son: Napo, Sucumbíos y Pastaza. De la misma forma hay provincias que tiene minería, como Zamora Chinchipe y Morona Santiago ellos van a recibir el 60% de las utilidades que deje la explotación minera, comunicó el ministro.
El ministro puntualizó que en estos momentos se han recibido numerosos proyectos que se están indexando para ver las prioridades, “porque primero tienen que beneficiarse las comunidades que están cerca a la producción petrolera”.
La Ley de Hidrocarburos permite repartir el 15% de las utilidades de las empresas privadas que explotan crudo,en 12% para las comunidades cercanas a las compañías petroleras y el 3% para los trabajadores.