La rebelión policial del 30-S tiene causas “estructurales” que aún no han sido analizadas, explicó hoy el rector de la Universidad Andina, Enrique Ayala Mora. Para él, la supresión de condecoraciones y pagos extras fue solo un antecedente inmediato de una situación que “al parecer se estaba acumulando”, especialmente por el “rechazo” a la intención del Gobierno de reorganizar la Fuerza Pública.
Según el catedrático, cuyo análisis reposa en un informe sobre el estado de los derechos humanos en el país en 2010, la sublevación policial no se ha respondido la pregunta de fondo sobre ¿por qué los policías plegaron a la insurrección enseguida y de forma masiva? o ¿por qué lo hicieron a pesar de que han recibido alzas salariales y otras ventajas del régimen?
En un análisis llamado “Insurrección policial y derechos humanos”, Ayala sostiene que “el gobierno de Rafael Correa ha tenido una genuina preocupación por mejorar la situación de los derechos humanos” y, aunque a su criterio existen aspectos censurables, el balance “se revela positivo si tomamos en cuenta los principios consagrados en la Constitución”.
En ese contexto, se refiere “a la preocupación por grupos marginados y con discapacidades; la voluntad por esclarecer algunos atropellos del pasado; las acciones tomadas por mejorar la situación de las prisiones, los esfuerzos por modificar prácticas de la Fuerza Pública y las acciones dirigidas a sancionar los atropellos que miembros de ella han cometido”.
Ayala argumenta que durante la administración de Correa se ha llevado adelante una política que busca limitar el ámbito de control de la Policía, “que era muy necesaria” debido a la acumulación de funciones que mantenía la institución. “Varias de esas funciones le han sido retiradas, como el manejo de licencias, con no poco disgusto por parte de los miembros de la institución”.
Por ello, según el análisis, las medidas tomadas por el régimen para enfrentar algunos temas como la corrupción “causan insatisfacción en la Policía, que se siente objeto de una agresión corporativa y desarrolla una suerte de solidaridad institucional”.
Otro de los cambios que causaron malestar fue el hecho de que el Gobierno se empeñó en una política de promoción de los derechos humanos en la fuerza policial. “Ha promovido la formación del personal en derechos humanos”, “ha realizado acciones de investigación y depuración interna tratando de eliminar el ocultamiento de abusos y sancionando las violaciones a los derechos”, reza el análisis.
Entre esos intentos se nombra la conformación de la Comisión de la Verdad, la decisión de volver a conocer el caso Fybeca, así como varias bajas y castigos a miembros de la fuerza policial que han cometido abusos y atropellos.
Entonces, lo de fondo, subraya Ayala en su artículo, es que los miembros de una institución acostumbrada a que su acción represiva “sea incensurable, resistan cuando un gobierno quiere poner control y sanciones”, es decir, “resistencia al cambio”.
