Los principales objetivos del proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria son reconocer y visibilizar a las unidades domésticas, empleo independiente, unidades familiares, así como normar las redes de las finanzas solidarias como cooperativas de ahorro y crédito, bancos comunales, cajas de ahorro.
La ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Jeannette Sánchez, explicó que el proyecto de Ley, que fue enviada por el Ejecutivo con carácter de económico urgente a la Asamblea, no promueve la informalidad, sino que regulariza a los actores de la economía y que representan “casi la mitad de la fuerza laboral ocupada”.
En términos de definiciones básicas, Sánchez explicó que la economía popular es aquella relacionada a las unidades domésticas, al empleo independiente, a las unidades familiares. Mientras que la economía solidaria se refiere a “aquellas más organizadas que va desde las asociaciones, cooperativas, cajas de ahorro, bancas comunales”.
En esta propuesta de Ley se crean también el Instituto de Economía Popular y una Corporación Nacional de Finanzas Populares que será una banca de segundo piso que fundamentalmente que apoyará con servicios financieros, explicó Sánchez.
También se creará una Superintendencia especializada y con esto se “abre la ventana” a una política pública de promoción y fomento para la mejoría de este sector. La Ministra Coordinadora dijo que no se hará una apología de la pobreza sino que se mejorarán las capacidades, posibilidades, mercados, información, regulación y controles adecuados para este sector.
Asimismo, se aclaró que en el proyecto es una actualización de leyes que ya estaban caducas, como por ejemplo, la Ley de Cooperativas que fue promulgada en 1966.
