Diego Borja, presidente del directorio del Banco Central exhortó a la Fiscalía para que analicen con los expertos los pagarés de los deudores de la banca cerrada.
En rueda de prensa Borja presentó dos deudas más que aún no se pueden cobrar. La primera corresponde a Jorge Bernardo Higgins Fuentes, representante legal de la empresa la Portuguesa a quien Filanbanco y Banco del Agro Finagro le otorgaron 17 pagarés por 33’837.874 dólares.
Estos documentos han sido impugnados por Higgins, “porque supuestamente no coinciden con su firma o con algún documento que le permitan hacer un juicio de excepción”, dijo Borja.
La otra deuda es de Carlos Alberto Pareja, a quien el Banco del Progreso, Filanbanco S.A., Banco del Agro Finagro S.A. y Banco Unión le prestaron entre 1998 y 1999, 27’119.860 dólares.
“El argumento de Pareja es que es prescrito que no son sus pagarés, que son falsificados le pedimos al Fiscal que haga el análisis para actuar, ya que cuando se tenga el informe se podrá cobrar el dinero”, reiteró Borja.
En total son 60 millones de dólares que entre los dos adeudan al Estado, “se tiene que aplicar la ley para cobrar las deudas”.
Borja dijo que no existe la figura de la prescripción de la deuda que aducen los deudores. “En la Ley de Transparencia Tributaria y Fiscal dice que no prescribe la deuda cuando una institución financiera entra en periodo de liquidación”.
Explicó que estas personas detuvieron los cobros en años anteriores aduciendo juicios de excepción y que las firmas no son de ellos.
“En dos casos son 60 millones de dólares, si se suman los de Costa Trading son 80 millones de dólares en tres empresas 130 millones de dólares, es hora que la justicia colabore para la recuperación del dinero”, sentenció Borja.
Actualmente existen 5.000 juicios coactivos, que suman 500 millones de dólares por cobrar, la información se encuentra en 33 mil cajas, las que están en manos del Banco Central.
“La sociedad ecuatoriana no puede permitir que la injusticia continúe esto tiene que acabar y si se tienen que modificar las leyes se tienen que hacer”, señaló Borja.
Francisco Palomeque, jefe del área de recuperación del Banco Central, sentenció que los préstamos fueron dados a garantes solidarios o representantes legales que firman y que luego aducen que esta ha sido falsificada.
