El auge del delito de robo de cables se registra en los años 2006 y 2007. A partir del 2008 decrece de manera significativa y, en el 2010, alcanza una disminución del 83.91%, con relación al 2006. Igualmente, los perjuicios económicos son inferiores: mientras en el 2006 fueron de $. 856.743,49, en el 2010 llegan a 30.806,75, es decir que bajaron en un 96.40. Todo esto, gracias a las medidas de control y prevención adoptadas por la CNT EP y otras entidades gubernamentales que apoyan en la erradicación de este ilícito.
Pese a lo anotado, cabe recordar que este delito como muchos otros que aquejan a la ciudadanía: secuestros express, robo de celulares, asaltos domiciliarios, etc. no es aislado, sino que tiene estrecha vinculación con la delincuencia que azota al país y es, por ende, igualmente, difícil de erradicar.
En este caso específico la demanda y precio del cobre, que componen el cableado de redes, es demasiado alta en el mercado nacional e internacional, lo que motiva a que delincuentes y comerciantes del preciado metal lleven a cabo estos ilícitos, que perjudican a todos los ciudadanos que hacen uso de los servicios de telecomunicaciones.
Este ilícito afecta tanto a la ciudadanía (por la consecuente suspensión del servicio y el daño medio ambiental, por su mal manejo) como a la CNT EP, por el lucro cesante y otros costos operativos que asume, pese a que las redes de la empresa están aseguradas.
