La primera pregunta del referéndum que promueve el presidente Rafael Correa trata sobre el plazo razonable de la prisión preventiva.
Pero, ¿qué es la prisión preventiva? Es una medida cautelar que aplican los jueces cuando la libertad de un acusado de un delito representa un peligro para la sociedad.
Es una prisión que se ordena previo al dictamen de culpabilidad de un individuo.
Generalmente se usa cuando un sospechoso ha sido atrapado in fraganti o las pruebas en su contra son contundentes.
Es una medida cautelar que existe en todas partes del mundo. Sin embargo, en Ecuador la prisión preventiva originó serios problemas al Estado en la década de los 90. Así lo recuerda el ministro de Justicia, José Serrano.
En esa época, los jueces abusaron de la medida, lo que provocó que decenas de ciudadanos pasaran años en prisión sin tener sentencia.
Esas personas demandaron al país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que les dio la razón. Por eso se le impuso una sanción a Ecuador.
Ante esta situación, en la Asamblea Constituyente de 1998 se incorporó en la Carta Magna el mandato de que ninguna persona podría estar privada de su libertad más allá de un año. A este principio se le llamó el plazo razonable de la prisión preventiva.
Esta no fue la solución. A partir de allí se originó otro problema. Los acusados, mediante argucias legales, prolongaban indefinidamente las querellas. De esa forma completaban el año y salían libres.
Medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil denunciaron casos de ex convictos que apenas dejaban la cárcel volvían a delinquir.
Jueces, fiscales y abogados se acusaron mutuamente sobre este problema. Para aliviar la situación, el desaparecido Congreso Nacional aprobó una reforma legal que prohibía contabilizar las largas que ocasionaban los reos. Sin embargo, la norma nunca se cumplió.
Según un documente proporcionado por la Presidencia de la República, actualmente hay en los juzgados del país 1’142.132 causas sin resolver.
Se calcula que 534.000 están en los juzgados de lo civil, 167 en los de la Niñez, 62.000 en los tribunales de Tránsito y 37.628 en los penales.
Además 4.005 casos de caducidad de la prisión preventiva se registran entre 2007 y 2010. El 95% de caducidades es en Guayaquil. Y de julio a octubre del 2010 se registran 18 casos. Los principales problemas ocurren en el puerto principal. En segundo lugar está Quito.
El presidente Correa ha indicado que la situación en Guayaquil es crónica.
Por eso ha acusado al Partido Social Cristiano de controlar las cortes de la urbe.
También ha puesto como ejemplo a la provincia de Azuay, donde no existe ni un caso de un preso sin sentencia.
De acuerdo con los datos de la Fiscalía Antinarcóticos de Guayas, 78 de los 372 beneficiados por la caducidad de la prisión preventiva fueron apresados en conocidas operaciones, en las que se lograron incautar toneladas de droga.
Ante esta situación es que el Ejecutivo propone reformar el numeral nueve del artículo 77 de la Constitución.
En este apartado se establece que ninguna persona puede estar detenida más de un año sin recibir sentencia.
El Gobierno plantea que el artículo 77 quede de la siguiente forma: “Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de los plazos y condiciones que indique la ley, en consideración a la gravedad del delito y la complejidad de la investigación, y si se exceden de estos plazos la orden de prisión preventiva quedará sin efecto”.
Serra indica que el plazo de la prisión preventiva no debería estar en la Constitución sino en el Código Penal, puesto que la Carta Magna solo recoge principios.
