En la página web de ALAI, “América Latina en Movimiento” y bajo el título de “Los ‘inocentes’ defensores de la revista Vanguardia”, el investigador y catedrático ecuatoriano Guillermo Navarro Jiménez se refiere a que ha llegado la hora de pagar las deudas, y el fin de la impunidad que exige ejecutar acciones contra personas naturales y jurídicas para, por lo menos, reducir la brecha patrimonial creada, en muchos casos, a través de créditos vinculados o concedidos a empresas de papel, así como otras deudas íntimamente ligadas al atraco bancario que originó la debacle del sistema financiero.
Y les sorprenden al investigador las voces de protesta por las acciones de cobro en contra de la revista Vanguardia, a las que califica de “inocencia política de algunos o aparentes inocencias de otros”, sin reparar en la realidad y en los objetivos políticos derivados de los intereses económicos que representan. Su posición posiblemente también responde a esas concepciones que no entienden que la lucha mediática es parte de la lucha política, situación que es cada vez más evidente e irrefutable.
Para él, la revista Vanguardia es producto de la alianza entre los siguientes grupos familiares: Vivanco, cuyo mayor representante es Francisco Vivanco Riofrío y está conformado por los Vivanco Neira, Vivanco Riofrío, Vivanco Arroyo, Vivanco Salvador y Vivanco Celi; Andrés Crespo Reinberg, y las familias Martínez Merchán y Martínez Leisker.
El cambio del control de la revista Vanguardia de la Editorial Minotauro S.A., intervenida por la AGD, hoy parte del patrimonio del Estado, a la Editorial Gran Tauro, Gran Tau Cía. Ltda, deja a los miembros de esos mismos colectivos familiares con la siguiente participación: José Hernández, accionista minoritario, con el 15%; Gráficos Nacionales (Granasa) (Galo Martínez Marchán y Galo Martínez Leisker), 30% con la promesa de venta de sus acciones, desde hace varios meses a Francisco Vivanco o la empresa “FVR Investment” (Francisco Vivanco y Clemente José Vivanco), con domicilio en las Islas Vírgenes británicas y presuntamente representada en Ecuador por José Luis Estrada Lecaro, con el 30%; finalmente, a Andrés Crespo Reinberg, con el 25%.
