Ayer por la mañana, en una casa del sector Monte Sinaí, el asambleísta Jorge Escala y Lenin Hurtado, ambos militantes del MPD (Movimiento Popular Democrático) incitaron a los invasores de tierras a unirse para defender lo que ellos consideran les pertenece. Escala motivó a la comunidad a levantarse, prepararse y organizarse, “con lo que más podamos, para resistir”.
Sin embargo, el político no explicó a quienes lo escuchaban cómo esos sectores recibirían servicios básicos al ser considerados asentamientos ilegales.
En su discurso, el político defendió la venta de artículos de dudosa procedencia que realizan los denominados cachineros, y según él no se puede acabar con la delincuencia quitándoles el sustento diario a quienes venden artículos muchas veces robados. El asambleísta se comprometió a llevar el tema de los asentamientos ilegales hasta el pleno de la Asamblea Nacional, en Quito, para que sea discutido.
Según Escala, con el desalojo y persecución de los traficantes de tierra, el Ejecutivo no está respetando la Constitución. “La Constitución propone el derecho al buen vivir, y eso tiene que ser garantizado por el Estado”, destacó, pero nunca aclaró que vivir en la miseria no es parte del buen vivir.
El asambleísta del MPD cuestionó también la labor de los gobiernos de turno. Escala enfatizó que los culpables de que existan los asentamientos, y “de que ustedes (moradores de Monte Sinaí) se encuentren aquí son los gobiernos, que nunca se han preocupado por ustedes”.
Escala y Hurtado dijeron que en los próximos días presentarán un proyecto de Resolución en la Asamblea, para pedir respeto a la Constitución. En este proyecto de resolución, exigiremos que se construyan programas de vivienda de carácter popular, “pero que la mano de obra la ponga este pueblo desempleado”. Ni Escala ni Hurtado, sin embargo, contaron que el plan Socio Vivienda del Gobierno Nacional ha reubicado ya a cientos de familias sin techo.
El asambleísta habló también en favor de los jueces amenazados con ser destituidos por arrastrar cientos y hasta miles de casos de caducidad de la prisión preventiva y dejar libres a personas que roban o cometen otros crímenes.
Entre los que escucharon los discursos de los militantes del MPD estaban personas que en días pasados habían sido señaladas por los mismos moradores como traficantes de tierras y de haberlos estafado.
Los vecinos de todos esos asentamientos habían denunciado que los traficantes de tierras les cobran un dólar diario para proveerles de energía eléctrica. Igualmente se quejan de que les bloquean el acceso a las escuelas públicas para obligarlos a que lleven a sus hijos a las escuelas particulares regentadas por los promotores de las invasiones. Sin embargo, el asambleísta Escala no se refirió a estos temas ni motivó a las víctimas de las invasiones a defenderse de quienes hacen negocio con la necesidad humana.
Por otra parte, en el interior de la denominada Zona de Seguridad, aún se observan carros que ingresan con materiales de construcción. Los negocios de este tipo en otros asentamientos más antiguos continúan vendiendo caña, palos y zinc que son utilizados para levantar ilegalmente viviendas en áreas recientemente invadidas.
Ayer no se observó a policías o militares realizando el control de ingreso de materiales de construcción. Los vehículos cargados con materiales ingresaron durante toda la mañana sin inconvenientes. Los operativos se reinician hoy, pero existe el peligro de enfrentamientos.
