Comisión de Fiscalización calificó trámite de juicio político a la Superintendenta de Bancos

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Fiscalización y Control Político avocó conocimiento de la solicitud de juicio político en contra de la superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando, una vez que verificó que cumple con los preceptos del Art. 131 de la Constitución.
Adicionalmente, con 9 votos afirmativos (Betty Amores, Mauro Andino, Gastón Gagliardo, Marco Murillo, Ramiro Terán, Pamela Falconí, Galo Lara, César Rodríguez y Silvia Salgado) y 1 voto negativo (Abdalá Bucaram Pulley), el organismo legislativo calificó el correspondiente trámite, acogiendo la moción en tal sentido de Mauro Andino.
La titular de la Comisión de Fiscalización, Silvia Salgado, dispuso que se proceda a notificar a la Superintendenta de Bancos sobre el inicio del juicio, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que en el plazo de quince días ejerza su derecho a la defensa en forma oral o escrita y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes.
De igual manera, se notificará a las y los asambleístas solicitantes, para que en similar plazo, presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones. Por decisión de la mayoría de sus integrantes podrá solicitar pruebas de oficio.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, vencido el plazo de quince días, la Comisión deberá remitir, en el plazo de cinco días, al Presidente (a) de la Asamblea Nacional, un informe que detalle, motivadamente, las razones por las cuales archivó el trámite o la recomendación de juicio político. De considerarlo necesario, el organismo podrá solicitar al Presidente, una prórroga de hasta cinco días adicionales.
El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Rolando Panchana Farra, es quien impulsa la interpelación a la superintendenta de Bancos, Gloria Sabando García, acusándole de graves omisiones en el cumplimiento de sus funciones en el proceso de liquidación de la banca cerrada.