Fernando Alvarado, secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, calificó como una “sinvergüencería” la posición de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) que, a través de un comunicado, rechazó el supuesto “despliegue desmedido” en la acción de embargo a la Revista Vanguardia, cuyos directivos adeudarían $14 mil por 13 meses de arriendo al Fideicomiso “AGD, No más Impunidad”.
En declaraciones a Televisión Manabita, Alvarado sostuvo que en las acciones ejecutadas por el mencionado fideicomiso no existe ninguna influencia política del Gobierno y menos aún, un atentado contra la libertad de prensa y criticó el doble rasero que utilizan los dueños de periódicos para juzgar los hechos.
“Es una vergüenza que un sindicato como este se ponga en estas actitudes para unos casos sí y para otros no”, indicó el funcionario y recordó que el 30 septiembre último, cuando se produjo el intento de golpe de Estado en contra del Presidente Rafael Correa, la AEDEP ni protestó ni rechazó hechos como el ataque de opositores del Gobierno a las instalaciones de Ecuador TV medio de comunicación que les pertenece a todos los ecuatorianos.
“Cuando secuestraron al Presidente de la República nunca dijeron nada, más bien trataron de probar que no hubo secuestro. Cuando atacaron al Presidente a mansalva dijeron que casi casi él estaba por ahí de paseo”, señaló el secretario nacional de Comunicación.
Alvarado instó a los directivos de Vanguardia a que demuestren que, tal como dicen, hubo un uso desproporcionado de la fuerza al momento del embargo del edificio de Vanguardia.
“He revisado las imágenes del embargo y jamás ha habido un uso desproporcionado de la fuerza. Los miembros del GIR (Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional) nunca cruzaron el umbral de las oficinas de de Vanguardia (…) Estos señores (los directivos de la revista) dicen que se ha secuestrado material periodístico (…) Eso significa que ellos le están imputando un delito al fideicomiso No más Impunidad y a la propia Policía y entonces deberían probarlo”, indicó.
El funcionario insistió en que el problema legal de la revista se pudo haber solucionado con el simple pago del arriendo.
“Es una vergüenza no pagar alquiler. Si no tienen dinero para pagar el alquiler, entonces cierren el negocio”, indicó Alvarado y recalcó que es al pueblo ecuatoriano al que Vanguardia le adeuda alrededor de $14 mil.
Por su parte, Andrés Crespo, director de Vanguardia, aseguró que la acción de coactiva en la que se llevaron las computadoras de la empresa es injustificada y señaló que los pagos se habían realizado ante un juzgado de inquilinato.
Sin embargo, la televisora Ecuavisa pudo constatar que en ninguno de los juzgados de inquilinato de Quito constan los supuestos once pagos que los directivos del semanario alegan haber realizado.
En los tres juzgados de inquilinato de Pichincha, solo se encontraron dos pagos, uno realizado el 21 de octubre y otro el 3 de diciembre. Los pagos de enero a septiembre se habrían realizado directamente a la familia Peñafiel, ex propietaria del inmueble.
