El presidente de la República, Rafael Correa, señaló que la sanción a la revista Vanguardia por una deuda de 13 meses de arriendo es un asunto legal. Fue claro en explicar que la única alternativa es que paguen lo que deben y “no pasa nada”.
Además acotó que si hubiera existido un abuso de fuerza –como aducen los directivos de la revista- deberá investigarse.
Asimismo dijo que es fácil detectar si se han manipulado las computadoras, como afirman ciertos funcionarios de la revista, no obstante, en el caso de que no sea así, se empezará un juicio por calumnias, acotó, pues los ordenadores no están en manos del Gobierno, sino de los jueces.
Dijo que siempre se va a buscar pretextos para tratar de echar la culpa al otro, tomando como bases las declaraciones en las que se indican que existió exceso por parte de la Fuerza Pública.
El mandatario aseguró que este no es el único caso y que hay gente que abusa de su condición de periodistas. “Hay otros periodistas que también han arrendado bienes a la AGD (Agencia de Garantía de Depósitos) y nunca pagaron dinero en complicidad de liquidadores de la banca y que cuando se les aplique la Ley dirán que es por persecución política pues lastimosamente coincide que son críticos del Gobierno”, aseveró.
El pasado viernes, la dirección de gestión de coactivas del Fideicomiso AGD No más Impunidad embargó bienes de Vanguardia por la deuda de 13 mil dólares que mantienen con la entidad por el arriendo del local donde funcionaba.
Articulistas, periodistas, miembros de la oposición y Fundamedios, una organización que “vigila” por los abusos contra la prensa y la libertad de expresión se apresuraron a denunciar que la acción se trataba de un intento de acallar a la “prensa independiente”. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se sumó a la criticas y tildó a la acción como “desproporcionada”.
Andrés Crespo, director de Vanguardia, aseguró que la acción de coactiva en la que se llevaron las computadoras de la empresa es injustificada y señaló que los pagos se habían realizado ante un juzgado de inquilinato.
Sin embargo, la televisora Ecuavisa pudo constatar que en ninguno de los juzgados de inquilinato de Quito constan los supuestos once pagos que los directivos del semanario alegan haber realizado.
En los tres juzgados de inquilinato de Pichincha, solo se encontraron dos pagos, uno realizado el 21 de octubre y otro el 3 de diciembre. Los pagos de enero a septiembre se habrían realizado directamente a la familia Peñafiel, ex propietaria del inmueble.
Pedro Delgado, presidente del fideicomiso “AGD-CFN no más impunidad”, justificó el embargo porque existía una deuda de 13 meses de alquiler y descartó que la acción sea política. Dijo que se trata de tomar control sobre los bienes del Estado. “No es un caso aislado, son varios casos donde estamos tomando control de estos bienes”, señaló.
Delgado sostuvo que en el caso de la Revista Vanguardia, el 11 de noviembre de 2009, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) le notificó al medio de comunicación que debían salir de la propiedad porque no tienen un contrato actualizado, porque el último se firmó en el año 2007. En ese documento se menciona que el tiempo de alquiler del inmueble es por un año y su renovación debe realizarse por escrito y no de manera automática.
