Cuando regresó de Cuba, a fines de agosto de 2009, el Presidente de la República solicitó a la superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, prontitud en el proceso de cierre de los bancos en liquidación. La preocupación del Mandatario se debía al lento avance, pues aún no se había cobrado un solo centavo a los deudores, ni existía un progreso significativo en los juicios a los responsables de la quiebra del sistema financiero. Entonces fijó el plazo de un año a los representantes de la Junta Bancaria para cumplir con esta meta y esperar hasta los primeros días de septiembre el pago de las deudas, caso contrario, los juicios de coactiva y la lista de deudores que no han pagado a la banca serían publicados en los periódicos y declarados insolventes.
Han pasado más de 12 meses y el Jefe de Estado no olvida lo que promete. El 15 de diciembre del presente año, la funcionaria, en respuesta al pedido de juicio político del asambleísta Rolando Panchana, envió un correo electrónico a los medios de comunicación del país, en el que expuso lo siguiente: “En lo referente al cobro del déficit patrimonial de las entidades liquidadas ($ 2.243’945.799,58, a marzo de 2010), con el voto de los 5 miembros de la Junta Bancaria, se aprobaron las acciones contempladas para el cobro a ex directores, ex administradores, ex funcionarios o ex empleados de la entidad que, con sus acciones u omisiones dolosas, provocaron las pérdidas. Los detractores del proceso afirman que no he impulsado ninguna acción para cobrar estos fondos. La Superintendencia de Bancos emitió cientos de notificaciones a los ex directores, administradores, funcionarios y empleados para que entreguen los descargos del caso frente a sus responsabilidades en la generación de la pérdida patrimonial de cada una de estas entidades. Todos los argumentos están siendo analizados (…) y en caso de que no logren desvirtuar los cargos, la Superintendencia deberá emitir los títulos de crédito y ejercer la acción coactiva para lograr el resarcimiento de los perjuicios económicos”.
Ella se refiere a los presuntos responsables del proceso de quiebra del sistema financiero que empezó en 1998 en el gobierno de Jamil Mahuad, quien fue depuesto en enero del año 2000 por las consecuencias de la dolarización y la secuela de dolor e indignación que generó entre miles de personas que vieron reducido el poder adquisitivo de sueldos y salarios y el congelamiento de sus ahorros, no así los de los banqueros, empresas vinculadas; miembros de los directorios con responsabilidad y deudores, quienes resultaron ser los grandes beneficiarios del descalabro con el traslado de los costos financieros al Estado. Los administradores de los bancos quebrados, autoridades y funcionarios encargados de vigilar los negocios bancarios cómplices no han recibido la sanción penal correspondiente.
El portal http://ecualeaks.wordpress.com/ muestra a los presuntos responsables de las pérdidas patrimoniales, según el informe de la Superintendencia de Bancos: Francisco Assán, alcalde de Milagro, ex PSC ahora municipalista (Intermil); Rómulo López Sabando, ex diputado del PSC, ex editorialista de Expreso; Alberto Littuma Arízaga, PSC, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Dominicana (Ecuacambio); César Durán-Ballén, hermano de Sixto Durán-Ballén (Confianza Sociedad Financiera); Roberto Peña Durini, ex ministro de Industrias de Gustavo Noboa, empresario maderero (Confianza Sociedad Financiera); Eduardo Peña Triviño, ex vicepresidente de Sixto Durán-Ballén (Confianza Sociedad Financiera); Nicolás Febres-Cordero Ribadeneyra, hermano de León Febres-Cordero (Confianza Sociedad Financiera); Estéfano Isaías (Confianza Sociedad Financiera); Alberto Cevallos Gómez Piñán, cercano a Jamil Mahuad (Bancomex); Domingo Cordovez Pérez, ex ministro de Finanzas de León Febres-Cordero (Bancomex); Marcos Espinel Martínez, ex ministro de Agricultura de León Febres-Cordero (Finagro); Ramón Espinel Martínez, actual ministro de Agricultura (Finagro); Esther Avilés Nugué, editorialista y subdirectora del diario Expreso (Banco del Azuay); José Nebot Saadi, hermano del alcalde de Guayaquil (Banco del Occidente); Gonzalo Noboa Elizalde, hombre cercano a la Izquierda Democrática años atrás (Solbanco); Antonio Parra Gil, ex canciller de Alfredo Palacio (Solbanco); Galo Martínez Leisker, principal de diario Expreso (Solbanco); Fernando Santos Alvite, ex ministro de Energía de León Febres-Cordero, PSC (Finiber); entre otros.
