El Pleno de la Corte Nacional de Justicia advirtió a los jueces que en el caso que se vean obligados a declarar la caducidad de la prisión preventiva están en el ineludible deber de motivar sus resoluciones y dejar constancia de quién o a quienes es imputable la caducidad.
La exhortación fue hecha pública a través de un escueto comunicado difundido este jueves por la sala de prensa de la Corte Nacional de Justicia.
En uno de sus últimos enlaces radiotelevisivos, el presidente de la República, Rafael Correa, denunció que en Guayaquil es la ciudad donde se registra más del 90% de casos de detenidos que se acogieron a la prisión preventiva.
Según dijo, de cuatro mil casos, 3900 en se registraron es el Puerto Principal y señaló que la corrupción judicial está en Guayaquil, “porque son jueces socialcristianos, puestos por estas mafias que manejaron por tanto tiempo nuestro país y mi ciudad”.
De acuerdo a la información divulgada por el mandatario, el juez de Garantías Penales, Aníbal Torres, es el que más otorga libertad de detenidos que se acogen al artículo 77 de la Constitución, que determina la caducidad de la prisión preventiva y establece que el tiempo de permanencia de los privados de libertad sin sentencia no podrá exceder de “seis meses en las causas de delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de reclusión”.
774 caducidades lo ubican en el primer lugar de la lista, hecha pública por el Presidente Correa.
A Torres, le sigue Esteban Arellano (+) con 621 caducidades, María de Lourdes Jurado con 597, Gabriel Noboa Icaza con 483, Belén Velázquez con 189 y Yolanda Sánchez Bravo con 140 caducidades de prisión preventiva.
