El gobierno ecuatoriano enviará en los próximos días a la Corte Constitucional el pedido para que se califique el procedimiento que se debe seguir para solicitar enmiendas en el texto de la Constitucional referente al área judicial como la caducidad de la prisión preventiva y las medidas sustitutivas para la reclusión, entre otras, según informa la Agencia Andes.
El ministro de Justicia, José Serrano, explicó que la idea del Gobierno es que se haga un referéndum para que sea el pueblo el que resuelva los cambios que se deben hacer para luchar contra la inseguridad y lograr una transformación integral de la justicia.
La otra opción es que sea la Asamblea la que discuta las enmiendas constitucionales. “El Ejecutivo enviará un documento por separado, estableciendo cual es el criterio específico para la enmienda constitucional, dentro de nuestra perspectiva y de acuerdo a todas las conversaciones y disposiciones del Presidente Rafael Correa, nosotros planteamos el referéndum”, sostuvo en una entrevista realizada por El Ciudadano TV.
Serrano insistió en que el Gobierno quiere “que sea la ciudadanía la que sea consultada y la que directamente decida sobre temas fundamentales de seguridad. No podemos dejar ni un solo día más, en manos de políticos demagógicos y clientelares la lucha contra la inseguridad y la impunidad. El mandato del pueblo obligará a actuar a los al gobierno central y a los gobiernos autónomos”, puntualizó.
Dijo que la razón de ser de este proceso no son las enmiendas constitucionales sino luchar contra la impunidad y la inseguridad pero con la participación directa de la ciudadanía.
Aclaró que no se trata de una reforma constitucional porque no se busca modificar las disposiciones constitucionales, sino realizar una sustitución. La Corte Constitucional tiene unos 50 días y luego el Consejo Constitucional tiene 45 días para convocar al referéndum.
