El Gobierno ecuatoriano dispuso el Estado de Excepción en las instalaciones de la Asamblea Nacional, debido a que las secuelas de la insubordinación policial ocurrida el pasado 30 de septiembre y que desembocaron en un intento de golpe de Estado, “podrían generar gran conmoción interna” en caso de que la Función Legislativa no pudiese ejercer a plenitud las atribuciones y facultades establecidas en la Constitución.
El decreto Ejecutivo, mediante el cual se determina el Estado de Excepción, dispone “la movilización nacional y militar de las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía nacional, el orden interno y la seguridad ciudadana y humana en todas las instalaciones de la Asamblea Nacional en Quito”.
El documento recuerda que el pasado 30 de septiembre, algunos integrantes de la Policía Nacional se subordinaron y “distorsionaron severamente o abandonaron su misión y por ende sus deberes consagrados en la Constitución”.
El decreto 571, suscrito este jueves con una duración de sesenta días, instruye al ministro de Defensa para que, junto con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, diseñen un plan de contingencia para cumplir con el Estado de Excepción.
El Ejecutivo ampara su decisión en el artículo 393 de la Constitución que señala que “el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos”
También se sustenta en el pedido realizado por el presidente de Legislativo, Fernando Cordero, el pasado 7 de diciembre en el que solicita la renovación del estado de excepción decretado el 9 de octubre pasado.
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