El mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, anunció que está buscando “soluciones jurídicas para resolver el bloqueo” que puso la Asamblea Nacional al descartar la posibilidad de que el Estado pueda comprar las renuncias de los empleados de las instituciones del sector público.
“No cumplieron (los asambleístas) el acuerdo al que habíamos llegado y eliminaron ese artículo fundamental de la Ley de Servicio Público”, dijo el presidente este viernes, en la sesión del Gabinete que se realiza en la ciudad de Cariamanga en la provincia fronteriza de Loja.
Lamentó que no se haya entendido “la trascendencia” de su propuesta y que haya existido “confianza política” ya que, dijo, él personalmente explicó el contenido y el objetivo del planteamiento legal y se llegaron a consensos. “Pese a ello, luego bloquearon la compra de renuncias, eso es muy grave”, agregó.
Con la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa el Gobierno pretendía que las personas que tengan menos de 70 años se jubilen al menos con el 50% de su indemnización en efectivo y el restante con bonos del Estado.
Antes salían con cuatro salarios mínimos si se jubilaban y que con la nueva ley los mayores de 70 años recibirán 36 mil dólares en efectivo. El Presidente estimaba que serían cerca de 5000 personas las que estarían en este rango y que el país invertiría 179 millones de dólares.
“Ahora le estamos dando 10 veces más que eso suponiendo que la mitad es en bono van a ganar interés, es un ahorro forzoso van a recuperar en cinco años la plata y van a ganar interés, pero suponiendo que se pierda ese bono ya están recibiendo cinco veces más en efectivo. Esta ley es beneficiosa no se dejen engañar. Se les dará en efectivo 10 veces más que antes y bonos valederos que ganan interés y después de cinco años el estado los compra”, enfatizó el Presidente en días pasados.
