La Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional sesionó este miércoles para analizar y redactar el informe para segundo debate del Código de la Producción, Comercio e Inversiones que fue enviado por el Ejecutivo para su trámite con el carácter de económico urgente.
En el documento se incluyeron más de 120 observaciones planteadas por los legisladores (en primer debate), sectores productivos y trabajadores. El informe se aprobará hoy para su discusión en el Pleno de la Asamblea, la próxima semana.
Hasta el medio día, en la reunión, en la que participaron la ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, el viceministro, Mauricio Peña; y presidente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE); se analizaron los primeros 101 artículos de los 241 que contiene la normativa legal.
Las principales observaciones tienen que ver con el salario digno, el impuesto a las tierras rurales y los incentivos tributarios, en este último se propone la aplicación diferenciada.
Sobre el salario digno, el presidente de la Comisión, Francisco Velasco, explicó que el salario digno no está atado a la mensualización de los sobre sueldos (décimo tercero y décimo cuarto), ni a utilidades. “Solo se utilizan como referentes para el cálculo”, aclaró.
La Comisión incluyó en el artículo 64, la creación del Fondo Nacional de garantías de carácter público para facilitar el acceso al financiamiento a las pequeñas, medianas y microempresas. Aclara que “para efectos financieros las garantías que respaldan este monto serán consideradas garantías autoliquidables y cuya cobertura respecto del crédito garantizado será de uno a uno”.
Peña explicó que el objetivo es incentivar a las pequeñas y micro empresas “que no tienen respaldo de activos y que por tal motivo no tienen acceso al crédito”.
En lo que corresponde al impuesto a las tierras, la Comisión legislativa planteó subir el piso para el pago del tributo para la región Amazónica a 70 hectáreas y ampliar el proceso de disminución del piso a partir de 2020 hasta llegar a las 25 hectáreas que regirá a nivel nacional, en el 2025. El ejecutivo planteó que la reducción se inicie en 2016.
El asambleístas por el (Prian), Rodolfo Baquerizo, consideró que hay al menos tres aspectos críticos: el salario de la dignidad, la exclusión de las zonas urbanas de Quito y Guayaquil para el acceso a incentivos tributarios, y la disminución del impuesto a la salida de dividas.
Baquerizo se mostró satisfecho por la discusión de la ley y consideró que se debatirá de acuerdo con los plazos establecidos. “Lo que no vamos a permitir es que pase por el ministerio de la Ley”, manifestó.
