«La hierba que fume California tendrá sangre mexicana». La frase del jefe de la policía de Tijuana, Julián Leyzaola, ilustra la polémica: mientras México y la Casa Blanca intensifican la lucha contra el narco, el gobierno de Arnold Schwarzenegger analiza legalizar el consumo.
El Ejército mexicano necesitó 11 mil litros de combustible para prender fuego las 134 toneladas de cannabis secuestradas en un operativo histórico. Más de 11 mil paquetes ardieron apilados en el campo militar de Aguaje de la Tuna, Baja California. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, la California estadounidense se prepara para votar si legalizar o no la quema de marihuana, pero en dosis de pocos gramos.
El 2 de noviembre los californianos se pronunciarán a favor o en contra de la «Proposition 19», una iniciativa para regular, controlar y gravar con impuestos al cannabis. El núcleo del proyecto es la despenalización del consumo personal: propone que los mayores de 21 años puedan poseer hasta 28 gramos para uso propio, así como cultivar pequeñas cantidades en casa (ver nota relacionada).
Es inevitable que México asuma como propio el debate. No por nada se calculó el valor de las 134 toneladas -270 millones de dólares- según su cotización en el mercado estadounidense. Los EEUU son el mayor consumidor de drogas del mundo y allí va la mayor parte de la producción del narco mexicano. Los expertos repiten una y otra vez que ninguna política de seguridad será eficiente si el país del norte no combate su propio consumo.
Las encuestas muestran por ahora paridad de opiniones en California. El gobierno republicano de Arnold Schwarzenegger tiene su propio interés en el tema. La aprobación de la norma beneficiaría con 1000 millones de dólares en concepto de impuestos y 1360 millones de ahorro de gastos en persecusión al estado, que enfrenta un serio déficit fiscal. Barack Obama, por ahora, no se refirió al asunto.
Sin embargo, el fiscal general de los EEUU, Eric Holder, ya comunicó a la DEA que las autoridades procesarán a cualquiera que porte marihuana, aún si se aprueba la Proposition 19. No importó la inesperada opinión de Joseph McNamara, ex jefe de la policía de San José, quien señaló que la actual prohibición de un «mercado negro vergonzosamente lucrativo».
El teniente coronal Julián Leyzaola, secretario de Seguridad Pública de Tijuana y jefe de la policía municipal, opina muy distinto. Fue contundente: «La hierba que consuman en California estará manchada con sangre mexicana», dijo. Leyzaola es una voz autorizada para opinar (ver nota relacionada). Desde su asunción, aplicó una política de mano dura que fue sacando poco a poco a Tijuana del mapa de la violencia.
Su comentario no fue a título personal. El propio presidente Felipe Calderón advirtió que si California despenaliza el consumo «nos van a meter en un problema difícil de resolver. Será realmente muy difícil meter en la cárcel a un campesino que está sembrando marihuana para venderla a los californianos». Aunque dio lugar para el debate, se pronunció definitivamente en contra de la legalización en México.
Pero las opiniones no son unánimes. Buena parte de la intelectualidad mexicana se pronuncia por la despenalización con fines prácticos y por la reducción de daños. La revista Nexos, dirigida por el escritor Héctor Aguilar Camín y citada por el diario español El País, argumenta: «La prohibición es lo que hace que un kilo de marihuana valga en México 80 dólares y que ese mismo kilo cueste 2 mil dóares en California…». Una frase de alto impacto como la de Leyzaola, sin embargo, anula cualquier discusión racional.
