Esta mañana, se inició el peritaje de las instalaciones del Regimiento Quito #1, diligencia ordenada por la Fiscalía como parte de la investigación que se realiza sobre los hechos del 30 de septiembre.
La diligencia tomó por sorpresa a los policías del regimiento. «No nos han comunicado, ni el juez ni el fiscal», dijo Marco Vásquez, comandante de la Unidad centro-occidente.
Hasta el sitio llegó el fiscal de delitos contra la Administración Pública, Jorge Cano, y peritos designados por la Fiscalía.
Además, estuvieron presentes abogados defensores de los uniformados. Uno de ellos, Juan Carlos León, indicó que pretende demostrar que el arma de su defendida «no había sido usada desde agosto hasta la presente fecha».
De su lado, Patricio Armijos, otro de los abogados presentes, explicó que las armas que se dispararon aquel día no fueron de dotación policial y eso es lo que se determinará en el peritaje.
Carlos Echeverría, perito de la Fiscalía, evitó dar mayores detalles pero indicó que se investiga «la existencia, pre-existencia, uso, posición y frecuencia de uso de cierto tipo de material».
En el rastrillo donde se guardan las armas esperaban dos peritos del Ministerio de Justicia, quienes aunque no están autorizados para participar en la diligencia, indicaron que «estaban acompañando el trabajo de sus colegas».
El peritaje tomará al menos 8 días y no incluye por ahora el Hospital de la Policía, a pesar del pedido de la defensa de los uniformados.
