El Gobierno español no quiere encontrarse a corto plazo con una bolsa de inmigrantes irregulares que han perdido sus autorizaciones de residencia y trabajo por culpa de la crisis económica. La situación de desempleo ha impedido a miles de foráneos renovar su documentación tras dejar de cotizar a la Seguridad Social (requisito indispensable para mantener el estatus de ‘legal’). El Ministerio de Trabajo e Inmigración ultima en estos días el reglamento de la Ley de Extranjería para dar respuesta a lo que las autoridades denominan “caer en una situación de irregularidad sobrevenida”.
Aunque la Administración estudia varios borradores del texto legal, el director general de Inmigración, Markus González, avanzó el domingo que el objetivo del Ejecutivo socialista es el de “flexibilizar” las condiciones para que los extranjeros revaliden sus permisos y no queden expuestos a una potencial expulsión. La medida pudiera beneficiar a matrimonios o parejas de hecho con una convivencia estable. La pareja del desempleado tendría que probar que, en su lugar, dispone de un puesto de trabajo y cumple con los requisitos económicos estipulados.
Ayer, el Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, habló de la necesidad de «buscar una transición» para que estos inmigrantes no queden «en un limbo jurídico». “Parece lógico, añadió en una entrevista a una radio local, que se busque un tiempo para que la persona en cuestión se pueda mantener (en España). Si pasado un tiempo no puede acreditar un contrato, pasaría a ser una persona irregular e ilegal”.
El Gobierno disponía de seis meses para la aprobación del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería (la normativa entró en vigor a mediados de diciembre pasado). Su tramitación se dilatará, al parecer, hasta diciembre.
