En Ecuador se viene hablando insistentemente en una consulta popular como forma de resolver temas políticos que siguen causando escozor en ciertos sectores, producto de medidas adoptadas por el anterior régimen liderado por Rafael Correa. Hoy el presidente Lenín Moreno, cuyo accionar se ha basado en distanciarse de su predecesor, maniobra con la idea de una consulta popular que marque una grieta con el correísmo, pero que mantenga determinados principios de la revolución ciudadana, de la cual se mostraba orgulloso de pertenecer durante la campaña electoral, aunque la llamaba leyenda.
Distintos sectores políticos consideran la consulta popular como una forma válida de evitar reformas constitucionales vía asamblea, o retractarse de leyes ya aprobadas. Entre los temas que entrarían a consulta estarían:
- Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) como parte de la Función de Transparencia o Quinto Poder.
- Desaparición de la tabla de consumo de drogas.
- Eliminación de la reelección indefinida.
- Derogatoria de la Ley de Comunicación.
- Derogatoria del techo de las utilidades de los trabajadores.
- Eliminación de la Ley de Plusvalía, entre otras mociones que podría asomar.
Incluso actores políticos como Guillermo Lasso, cuyo partido CREO votó en contra de la Ley de Paraísos Fiscales en la Asamblea, pese a que había sido votada positivamente por una consulta popular, considera esta la mejor opción, tanto así que pide sumar que vía consulta se den terminados los plazos de funciones de organismos como Contraloría, Consejo de Judicatura, entre otros, considerando que tienen elementos que pertenecerían al correísmo y que actúan sin independencia. Ante lo cual partidarios de Alianza País lo toman como una forma de volver a lo que llaman viejo país de la partidocracia.
El alcalde Jaime Nebot, quien desde el año 2000 que asumió como alcalde de Guayaquil, ha sido reelegido tres veces (y aun no descarta una cuarta reelección para el 2019), se muestra a favor de una consulta popular como la forma más barata, legal y rápida de cambiar la Constitución.
