Mediante el Decreto Ejecutivo 690, el presidente Guillermo Lasso creó la Comisión de Coordinación con el perito Roberto Meza, en torno a la muerte del general Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea.
La comisión se presentó en un acto en el Palacio de Carondelet. «Todo el Ecuador tiene derecho a conocer qué fue lo que ocurrió y quienes fueron los autores intelectuales de este asesinato», dijo Lasso, quien participó en el evento vía telemática debido al Covid-19 que lo aqueja.
El Mandatario descartó que la muerte de Gabela haya sido por delincuencia común cómo se indicó en un primer momento. «Mi gobierno colaborará en todo sentido, no tenga la menor duda de que todos esperamos con ansias conocer ese informe», agregó Lasso.
La comisión estará conformada por la exlegisladora Jeannine Cruz, el abogado Arturo Moscoso y Juan Sebastián Palacios Muñoz.
El deber de ellos será buscar una nueva entrega del Tercer Producto Pericial que hizo el argentino Roberto Meza.
Moscoso intervino y expresó su compromiso con la investigación. «Este caso es emblemático de la corrupción que ha permeado nuestras instituciones», señaló.
Frente a Ochoa se leyeron disculpas públicas «por violaciones de derechos causadas» a la viuda, sus familiares y a la sociedad ecuatoriana.
COMUNICADO OFICIAL | La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informa: pic.twitter.com/uYCMUl2ci2
— Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) March 15, 2023
Según el perito Meza, en el tercer producto constaban los nombres de los responsables del asesinato de Gabela. Su viuda, Patricia Ochoa, asegura que su marido fue muerto como consecuencia a la oposición que mantuvo a la compra de los helicópteros Druv.
Ochoa pidió al Presidente que los ministerios que intervinieron en la investigación, a los que acusó de no colaborar, envíen información a la Fiscalía.
Una accidentada compra
Las aeronaves se adquirieron en el gobierno de Rafael Correa a la empresa india HAL. En total se compraron 7 helicópteros de los que 4 sufrieron accidentes.
El caso Gabela se reabrió tras un fallo de la Corte Constitucional que obliga al Gobierno la entrega del tercer producto a Ochoa y a la Defensoría del Pueblo hasta el próximo 17 de mayo de 2023.
El decreto ejecutivo ordena a todas las entidades de la Función Ejecutiva dar todas las facilidades a la comisión para el cumplimiento de su trabajo. Los comisionados tienen tres meses para cumplir su trabajo.
