Sin embargo, registros de la Superintendencia de Compañías, IESS y SRI demuestran que el excapitán Guido Saltos Martínez y su familia, exdueños de Ícaro, traspasaron entre 2010 y 2011 los bienes a 9 empresas para evadir responsabilidades laborales, tributarias y legales. Guido y su hijo, Estevan, huyeron en 2012 a Miami.
En la actualidad, las deudas y obligaciones pendientes por mal manejo administrativo suman $22'187.096,87, pero con los intereses la cifra se incrementaría.
En el proceso de liquidación, hasta la fecha se han ubicado bienes por $ 5'522.880,10, que han sido rematados para cubrir-según el orden de prelación que estipula la ley- las obligaciones con 167 trabajadores afectados: 147 de Ícaro; 5 de Aerotraining; 4 de Airlift; 3 de Eqglobal; 2 de Inmosalben; y 6 tercerías.
Según el capitán Byron Mina, quien trabajó 8 años en Ícaro como piloto, instructor y jefe de entrenamiento, previo a declarar la quiebra se hicieron varias maniobras para traspasar bienes y responsabilidades de una compañía a otra. No solo tuvieron problemas para pagarles sueldos, horas extras, aportes al IESS y liquidaciones a ellos, sino también al Servicio de Rentas Internas (SRI), a proveedores e instituciones públicas y privadas.
Para Guillermo Giraldo, quien laboró 8 años en el área de Mantenimiento de Ícaro, todos se vieron altamente perjudicados con la forma en que los directivos manejaron la compañía, «porque ellos fueron quienes la quisieron quebrar».
Los exempleados coinciden en señalar que la empresa sí generaba recursos, pero eso no se reflejó en los sueldos y empezaron a atrasarse hasta 3 meses en los pagos. No pasó mucho tiempo hasta que decidieron quebrar y pedir la liquidación. «Con antelación crearon nuevas compañías con otros nombres, lo que nos llamaba la atención. Sabíamos que algo pasaba», dijo Giraldo.
Desde agosto de 2011 han actuado 5 liquidadores. Uno de ellos fue el economista Darwin Jaramillo Granda, cuya gestión comprendió del 13 de septiembre al 13 de octubre de 2011. Presentó 2 informes y un alcance al segundo de ellos, con un balance financiero preliminar.
Del 14 de octubre de 2011 al 4 de enero de 2012 actuó como liquidador el economista Manuel Espín Paredes. Él presentó 3 informes con un inventario preliminar de bienes y de cuentas de Ícaro.
Del 5 de enero al 25 de abril de 2012 el liquidador fue el abogado Sebastián Valle Baldeón, quien presentó un solo informe.
Del 3 de mayo al 12 de noviembre de 2012 actuó el abogado Cristian Hidalgo Orozco. Presentó dos informes, uno de los cuales hace un inventario pormenorizado de bienes y un Balance Inicial de Liquidación, del período 3 de mayo al 31 de octubre de 2012, en donde consta: activo, $5'522.880,18; pasivo, $21'216.156,95; patrimonio y déficit, $ 25'274.280,99; pasivo y patrimonio, $440.924.
Desde el 12 de noviembre de 2012 hasta la actualidad, el liquidador es el abogado Víctor Hugo Damián, quien indicó que los pasivos responden a deudas con el SRI, IESS, Senae, Dirección General de Aviación Civil, Dirección de Industria Aeronáutica de la FAE, entre otros.
Damián ha presentado 3 informes en su gestión y el 18 de enero de 2013 convocó a través de la prensa a junta de accionistas, la cual se efectuó el 29 de enero de 2013. Allí se resolvió la venta de los bienes embargados para cubrir la liquidación de los extrabajadores de Ícaro. Un remanente pasará al SRI y al IESS se le pagará con la venta de los últimos bienes embargados.
El rastreo de bienes fue difícil porque Guido Saltos vendió las naves, incluida una de la Dirección de Aviación Civil. También vendió propiedades a 3 de las 9 empresas que él y sus hijos administraban, pero que no tenían personal, declararon domicilio en la dirección de Ícaro y previo a la liquidación enviaron dinero al exterior (ver gráfico).
Familia Saltos acudirá a la CIDH
La versión de Guido Saltos es diferente a la de sus exempleados. En una entrevista realizada en Miami (EE.UU.) por Sofía Delgado y publicada en febrero de este año en el portal www.blog.ubicatv.com, el excapitán alegó que la quiebra de Ícaro, pese a ser privada, fue consecuencia de varios actos «conspiratorios» por parte del Estado: el SRI trató de cobrar una cifra «exorbitante» por Impuesto a la Renta; la Superintendencia de Compañías emitió una resolución declarando la liquidación de oficio de Ícaro, pese a que ya había una voluntaria; y el IESS exigía saldar la mora patronal y un préstamo por $2 millones.
Acusa al exliquidador Darwin Jaramillo de influir al empresario español Manuel Rodríguez Campo para que no invirtiera en Ícaro. Para Saltos, »los hechos se describen por sí solos, las leyes ahora apuntan a criminalizar a los generadores de fuentes de trabajo, los empresarios». Su hijo Estevan Saltos, exvicepresidente de Ícaro, en entrevista a un diario de Guayaquil explicó que nunca ha sido claro de dónde viene la persecución, pero que «sí ha sido conocida por las más altas esferas del Gobierno». Anunció que están «completando la información necesaria» para ir ante la CIDH (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos).
En un intento por contactar a la familia Saltos, EL TELÉGRAFO dialogó vía telefónica con Álvaro Ortiz, esposo de Sofía Saltos y exgerente de Skywings. Él dijo que las deudas ya fueron saldadas con el embargo de bienes, a través de los liquidadores, y asegura que «las cosas que se hicieron, por lo menos en contra mía, fueron totalmente ilegales y estoy metido en un lío por nada». Se comprometió a remitir la información que demuestre su versión.
