¿Cómo evalúa el primer año de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación?
Ha sido positivo porque nació de una lucha de la mayoría de ecuatorianos que se decidió por una Constitución que establece la obligatoriedad de crear una Ley de Comunicación. Finalmente, el 14 de junio pasado, laAsamblea cumplió con el mandato popular para expedirla y el 25 de junio se publicó en el Registro Oficial, fecha que tomamos de su aniversario.
¿Qué destaca de este marco legal?
Sin duda marcó un hito de un antes y un después de la forma de entender el sistema de comunicación en Ecuador siendo un referente normativo en AméricaLatina. Antes, la comunicación estaba concentrada en pocas manos. Luego, por fin vemos procesos de democratización de la comunicación, como el respeto para la reversión de frecuencia, que permitan redistribuir el espectro radioeléctrico.
En ese sentido, ¿sí se cumple el art. 106 de la LOC sobre la distribución equitativa de frecuencias?
Esto tiene un avance. La autoridad de Telecomunicaciones analizó las causales para la reversión de frecuencias que son no presentar las declaraciones juramentadas y que concesionarios no cumplan con lo que manda la ley. Con ello, las frecuencias disponibles se someterán a concurso en el menor tiempo posible.
¿Cuántos medios se han registrado en el país?
Actualmente, el Registro Único de Medios detalla 1.190 entidades de comunicación, de las cuales el 91% es privado, el 5% es público y el 4% es de medios comunitarios. Ya empezamos a dar los pasos requeridos tomando las acciones necesarias para que empiecen a aparecer nuevos actores en la comunicación.
¿Cómo se ha dado el cambio de relación de propiedad y de poder de los medios?
Hasta 2007, la relación era prácticamente más de 9 a 1 de propiedad de medios privados, públicos que estaban en manos de universidades o de municipios. Pero por fin tenemos medios públicos que llegan a dar un nuevo oxígeno a la información y libertad de expresión a este país, donde se visibilizan otras voces. En 2007 había un 93,2% de medios privados frente a un 6,8% de medios públicos.
Para la distribución equitativa de frecuencias de un 33% para la operación de medios públicos, 33% de privados y 34% para medios comunitarios, ¿qué acciones se prevén para estos últimos?
Siendo articuladores en el sistema de comunicación se iniciaron acciones afirmativas para lograr, por ejemplo, créditos preferentes para que estos medios sean sostenibles financieramente. Tomamos contacto con el Banco Nacional de Fomento, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y Servicio Nacional de Aduana para lograr aranceles cero para equipos que formarán parte de estos emprendimientos. Además, se acompañó en la capacitación y elaboración de un proyecto comunicacional.
Ecuador a nivel regional, ¿cómo avanza con una ley de este tipo?
Estamos experimentando el fruto de la aplicación de la ley y por fin se ha puesto en el debate público temas que estaban vetados, como la discriminación. Con ello, se ha dado pasos para la democratización de la comunicación y dar voz a quien no la tenía. Esta ley tiene espacios para la interculturalidad y los medios desde hace un año deben tenerla en sus contenidos. Además, se ha visibilizado a grupos de atención prioritaria que no eran noticia en los medios, como niños, adolescentes, adultos mayores, entre otros, quienes no eran tratados como personas con derechos. Sus contenidos tenían un tratamiento deficiente.
¿Cómo se ha regulado estos contenidos?
Por fin hay una base para regular los contenidos con el desarrollo de normativas secundarias para lograr que se dé un mejoramiento en ese sentido. Esto se ha hecho mediante las disposiciones de la propia LOC y su reglamento, como es lograr la profesionalización de quienes laboran en medios masivos. Nos reunimos con 400 profesionales de la comunicación para levantar perfiles y no solo para entregar certificaciones laborales, sino que se dé la posibilidad de abrir institutos tecnológicos que oferten estudios para ciertas áreas y opciones para obtener títulos de tercer y cuarto nivel.
Institucionalmente, ¿cuáles son los avances?
Hemos expedido 8 reglamentos, incluyendo el reglamento general, que si bien es cierto no era competencia nuestra, pero tuvo una construcción colectiva con opiniones de comunicadores, trabajadores de la comunicación, camarógrafos, empresarios, agencias de publicidad, en fin. Todos los reglamentos tienen esa base social y ha permitido afinar de mejor forma su aplicación.
¿Qué falta de cumplir todavía en la Ley de Comunicación?
Tenemos enormes desafíos.Uno de ellos es que la gente se empodere de la ley, ya que el 46% de ecuatorianos no la conoce.Esto es un desafío y debemos revertirlo. Queremos que la gente entienda, que conozca la ley, porque ahí están expresados sus derechos a tener una comunicación libre, participativa y con atributos.
¿Cómo piensan revertir que casi la mitad de la ciudadanía no conozca sus derechos en una ley?
Las actuales coyunturas hablan de enmiendas constitucionales y de esta forma proponemos para el debate que también se eleve a categoría constitucional el hecho de que la información sea considerada como un servicio público, ya que es vital.
¿Por qué hacer una reforma?
La información no puede ser administrada con un criterio comercial o mercantil. Estos datos nos permiten tomar decisiones en nuestra vida diaria. La misma no puede ser negada o administrada en función de criterios mercantiles.
Se señaló a tres medios que vulneraron derechos y fueron sancionados por la Superintendencia de Información y Comunicación…
Tuvimos resoluciones motivadas sobre la base de un medio escrito basado en una portada; un segundo sobre un segmento de un programa de entretenimiento de un canal y otro se relacionó con las expresiones de un comentarista y presentador de televisión. Las reparaciones de sus derechos fueron disculpas públicas, pero esto nos hace reflexionar sobre cómo estamos usando el lenguaje. Esto hemos puesto en el debate.
Estos casos y en los que la Supercom aplicó sanciones económicas fueron cuestionados por varias aristas sociales, ¿qué opina?
Debemos despojarnos de criterios que la ley censura y restringe. La LOC promueve y defiende derechos. En ese sentido se crearon estas instituciones. El Cordicom, para promover y defender esos derechos; y una Superintendencia que repara esos derechos cuando son violentados o vulnerados. No veamos sanciones, sino acciones de reparación de derechos.
Se cuestiona la subjetividad en emitir sanciones.¿Cómo entender que se aplica la ley sin una discrecionalidad?
Con los profesionales que contamos en la institución y para reducir a la mínima expresión la discrecionalidad, es que en la Ley de Comunicación se estableció que este Consejo realice resoluciones motivadas para calificar contenidos discriminatorios.Es decir, tiene que hacer relación con la Constitución, con instrumentos internacionales, con leyes orgánicas, etc. Además, acudimos a académicos, científicos y teóricos. Nuestros informes son técnico-jurídicos y reducen esa discrecionalidad.
¿Cómo responder a los críticos de que se trata de una 'ley mordaza' y que promueve la autocensura?
Nos hemos legitimado en las acciones y hemos demostrado que es una ley ciudadana. Si hay un interés de profundizar la discusión, que creo que es la responsabilidad de quienes usan los medios de comunicación, esas opiniones deben estar fortalecidas con información de calidad.
¿Qué otros desafíos tiene Cordicom con la ley?
Entre esos está que la mitad de los ciudadanos que no conoce la LOC haga uso de ella. A pesar de que nuestra institución está centralizada en Quito, se prevé seguir desplazándonos al resto del país para compartir experiencias.
