La sesión ordinaria del Concejo Metropolitano realizada este jueves, estuvo llena de matices.
El inicio de la reunión resultó tenso pues la escolta municipal extremó los controles de ingreso a la sala, lo que produjo una serie de fricciones entre los encargados de la custodia de la puerta y los equipos de asesores de varios concejales.
En la confusión, incluso algunos de los ediles del bloque de Alianza PAIS (AP) tuvieron dificultad para ingresar. Luis Reina fue uno de ellos y calificó al hecho como «una muestra de intolerancia» por parte de la Alcaldía.
Tras la lectura del orden del día, Mario Guayasamín (AP) pidió que la agenda fuera modificada y que se incluyera el tratamiento de la resolución de la Comisión de Mesa sobre la integración de las 21 comisiones municipales permanentes.
Ante ello, el bloque SUMA-VIVE mocionó, a través de Pedro Freire, que se votara específicamente la aprobación o negación de lo decidido por la Mesa el lunes pasado.
Esto derivó en un debate que, a momentos, se tornó acalorado. El más efusivo de todos fue Eduardo del Pozo, el único concejal del movimiento CREO. Este acusó a sus colegas de PAIS de entorpecer el trabajo municipal. «No se debe condicionar la actividad del Concejo a intereses personales», reclamó.
En medio de las intervenciones, las consultas entre ediles fueron continuas. Uno de los más activos en ello fue Antonio Ricaurte (SUMA-VIVE), quien se acercó 2 veces al sillón del Alcalde para hablar con él y dialogó con los otros representantes de la ciudadanía.
Tras un receso de 5 minutos utilizado para conversar, se retomó la discusión, la misma que reflejó desencuentros en el grupo oficialista.
Esto fue palpable, sobre todo, al momento de votar sobre la inclusión en el orden del día de lo resuelto por la Comisión de Mesa.
Entonces, Rodas, Ricaurte y Mario Granda apoyaron la moción de AP, mientras que el resto de la bancada de SUMA-VIVE consignó (en minoría) su oposición.
Una vez incluido el tema en la agenda, fue sometido a votación y recibió el apoyo unánime, aunque con las protestas de los 'oficialistas'.
Al momento de razonar su voto, Antonio Ricaurte solicitó a sus coidearios de VIVE que no pidieran su expulsión por haber votado con PAIS y contra la posición del Burgomaestre el 5 de junio. «Yo no pediré su salida del movimiento a quienes hoy votaron oponiéndose al Alcalde», afirmó.
Al final y atendiendo a un pedido de PAIS, la Alcaldía dio a conocer un informe sobre su decisión de ampliar los plazos para la segunda fase del Metro.
Los datos presentados por la gerente (e) de la Empresa Metropolitana Metro de Quito, Catalina Rivera, contradijeron el anuncio de Rodas sobre la ampliación del tiempo de construcción del sistema de movilidad de 36 a 42 meses.
¡Bienvenido!
La información técnica mostró que el plazo para la terminación de las obras no variará de los 3 años (36 meses) establecidos en las condiciones planteadas por la administración de Augusto Barrera.
Lo que se hizo, según explicó Rivera, fue incrementar el plazo contractual hasta los 3 años y medio, al incluir en el convenio el tiempo requerido para la realización de las pruebas anteriores a la puesta en funcionamiento.
Durante la mayor parte de la sesión del jueves, Mauricio Rodas se mantuvo en su error (como lo había repetido en medios de comunicación) al afirmar que el plazo de construcción se ampliaba e incluso utilizó el argumento de que la decisión se tomó porque las perspectivas previas eran irreales.
Solo al final y a instancias de los concejales de AP, cayó en cuenta de su contradicción.
