Un juez federal de Estados Unidos halló «evidencia fraudulenta» y «corrupción» en la sentencia contra Chevron en Ecuador por contaminación ambiental, afirmando que la multimillonaria multa que se aplicó a la petrolera estadounidense se obtuvo de manera ilegal.
El fallo del magistrado Lewis Kaplan afirma que la compañía, y su filial Texaco, «podrían tener cierta responsabilidad» por la contaminación en los años que operó en la Amazonía ecuatoriana (1964-1990), pero que la condena en su contra, por USD 9 500 millones, estuvo manchada de irregularidades.
«El abogado neoyorquino Steven Donziger y sus pares ecuatorianos presentaron evidencia fraudulenta, redactaron ellos mismos la sentencia del caso Lago Agrio y prometieron al juez ecuatoriano USD 500 000 para que se pronunciara a su favor y firmara el fallo», señaló Kaplan en su decisión de 497 páginas dada a conocer ayer, 04 de marzo de 2014, en Manhattan, EE.UU.
La petrolera sostiene que ya ha limpiado las zonas en las que trabajó, respaldando su defensa con estudios científicos que dicen que no hay contaminación peligrosa para el medioambiente en la zona. Pero, grupos ambientales e incluso el propio Presidente ecuatoriano, también han hecho sus particulares visitas a estos territorios constatando, según ellos, la afectación. Por esta razón, ambas partes continúan embullidas en un litigio que, incluso, se ha abierto en otros países.
Los ecuatorianos han demandado a Chevron en Brasil, Argentina y Canadá, donde la empresa tiene activos que pueden ser aprovechados. Por ejemplo, el Tribunal de Apelación de Ontario dictaminó en diciembre que los 47 habitantes del pueblo tienen el derecho de perseguir a los activos de Chevron Canadá. Los otros casos están pendientes, según la agencia Bloomberg. Una vez conocido el fallo, James Craig, asesor de Comunicaciones de Chevron, señaló, a través de un comunicado, que «es una victoria resonante. Confirma que la sentencia es fraudulenta y el producto de una asociación criminal.
Steven Donziger y sus socios ahora son considerados responsables de sus actos ilegales y no se les permitirá lucrar de ellos. Cualquier corte que respete el estado de derecho concluirá que la sentencia de Lago Agrio es ilegítima e inejecutable». En mayo del 2012, la petrolera ya profundizaba sobre este particular. En ese entonces pidió a un juez de EE.UU. que ordene divulgar datos sobre las cuentas bancarias de los demandantes. La firma alegaba que los demandantes pagaron USD 100 000 al perito Richard Cabrera a través de «cuentas secretas», además de otros USD 260 000 «camuflados» como honorarios «por trabajos que no realizó», según James Craig.
Chevron argumentó durante el juicio RICO, del cual salió este fallo de Kaplan, sobre las supuestas irregularidades del trabajo realizado por la consultora ambiental de los demandantes Stratus Consulting. También, asegura que el consultor Charles Calmbacher presumiblemente afirmó que los demandantes falsificaron pruebas ambientales. Y añadió que la financiadora de litigios Burford Capital testificó, afirmando que el procedimiento estaba plagado de fraude. Pero todo esto ha sido desmentido por el otro lado.
Así, Pablo Fajardo, abogado de los querellantes, admitió que le abonaron USD 260 000, pero siempre a través de la Corte que dispuso el peritaje, y enfatizó que «no hay cuenta secreta». Por su parte, Juan Pablo Sáenz, abogado de los indígenas y colonos que vencieron a la petrolera en las cortes ecuatorianas, lamentó la decisión en la corte neoyorquina. «La decisión del juez Kaplan en favor de Chevron constituye una burla al estado de derecho y no servirá para mitigar el riesgo que enfrenta la petrolera ante el inminente cobro de la sentencia dictada en su contra por la justicia ecuatoriana.
Esto no refleja ni los hechos ni la ley, resaltando la larga lista de prejuicios personales que Kaplan ha demostrado en toda ocasión contra los ecuatorianos y sus abogados», aseguró. Los demandantes apelarán la decisión de Kaplan y buscarán una medida para suspender sus efectos. Impulsarán las acciones en los países donde la transnacional posee activos.
Una breve cronología del proceso en la última década 18 de agosto del 2004. En la Joya de los Sachas, en el barrio Santa Rosa, se llevó a cabo el primer día de inspección de las zonas donde supuestamente la petrolera no realizó tareas de remediación.
5 de octubre del 2009. Una de las múltiples marchas de afectados por el caso, en Nueva Loja. Grupos de personas de las comunidades de Sucumbíos y Orellana llegaban hasta la Corte de Justicia de Nueva Loja.
3 de marzo del 2012. Se confirma la sentencia en Sucumbíos donde se determina que la petrolera pague USD 19 000 millones como indemnización a las comunidades afectadas por los derrames.
29 de marzo del 2012. Se realiza el traslado del caso Chevron-Texaco desde la Corte de Sucumbíos a la Corte Nacional de Justicia en Quito, para continuar con el proceso legal entre ambas partes.
17 de septiembre del 2013. El presidente ecuatoriano Rafael Correa visita la parroquia La Primavera, sector Aguarico 4, en Lago Agrio, donde muestra una supuesta piscina contaminada con crudo por la petrolera de EE.UU.
En contexto. En 1993, pobladores de la Amazonía ecuatoriana iniciaron una demanda, ante autoridades judiciales en Nueva York, EE.UU., por supuestos daños ambientales en contra de la compañía Chevron-Texaco. El proceso ha seguido en varias vías.
Foto: Agencia Andes (archivo)
