Según la evaluación global sobre reducción de riesgos publicada por Naciones Unidas el año pasado, entre el 15-30% de las inversiones las realiza directamente el sector público en la mayoría de las economías actuales. Esto significa que la manera en que se invierta el 70-85% restante por las empresas y los ciudadanos tiene un peso enorme en la generación y acumulación del riesgo de desastres.
Los expertos en reducción de riesgos están de acuerdo en que hablar de desastres naturales es un error y una distorsión. Proponen que los desastres no son fenómenos naturales sino riesgos mal manejados. También hablan de la construcción social del riesgo y señalan como las razones más frecuentes la ausencia de planificación o su mala implementación, la búsqueda de ganancias muchas veces ilegales, la corrupción, la exclusión y la pobreza y, a veces, el desconocimiento.
Este enfoque coloca la RRD en el campo de las decisiones humanas y no en el del funcionamiento de la naturaleza. Si los desastres fueran naturales serían inútiles los esfuerzos de los países para proteger la vida de las personas y acumular los beneficios de las inversiones públicas y privadas en salud, educación, servicios, vialidad, vivienda, y en otras áreas claves para la calidad de vida de las sociedades.
Este es el valor de prevenir, mitigar, responder y recuperarse ante eventos adversos cuya causa inicial pueda ser un factor natural o no.
Las fuerzas naturales que desencadenan un desastre en un país no necesariamente lo hacen en otro, y la diferencia no está en el fenómeno natural sino en las condiciones de vulnerabilidad de cada sociedad, como se evidencia con la experiencia de años recientes en Haití y Chile con los sismos.
Desde el 2008, Ecuador pasa de gestionar la Respuesta a emergencias y desastres a gestionar los riesgos. La Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) trabaja en mejorar la capacidad nacional para la Respuesta, en desarrollar la información, normas y capacidades técnicas y sociales para la gestión del riesgo. Por su parte los gobiernos provinciales y municipales trabajan en el ordenamiento de su territorio y de su desarrollo.
Algunas de las acciones incluyen la preparación de Agendas de Reducción de Riesgos por los Comités de Gestión de Riesgos de las provincias, el compromiso suscrito por la mitad de los municipios para formar sus unidades de gestión de riesgos, la aprobación de su política de gestión de gestión de riesgos por el Ministerio de Educación, la conformación de comités y redes locales que faciliten la RRD a nivel nacional, provincial y local, la creación de los Consejos Ciudadanos Sectoriales, la cooperación binacional con Perú y Colombia para acciones conjuntas, la conformación del Grupo de Alto nivel para la gestión del riesgo de desastres en UNASUR.
María del Pilar Cornejo, Secretaria de Gestión Riesgos del Ecuador, destaca que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son una de las mejores herramientas para la reducción sostenida de riesgos, por medio de políticas de ordenamiento del espacio, que permitan un adecuado crecimiento urbano y un desarrollo seguro. La planificación y el ordenamiento adecuado son los principales aprendizajes que debe hacer nuestro desarrollo para asegurar el buen vivir, dice.
Estos temas serán tratados en la IV Plataforma Regional de las Américas para la RRD, cita que será el último encuentro continental previo a la Tercera Conferencia Mundial sobre la RRD y que se realizará en Guayaquil durante los días 27 al 29 de mayo, con la presencia de más de 600 delegados nacionales y extranjeros que analizarán experiencias de reducción de vulnerabilidad en nuestras comunidades y países.
