La entidad sancionó al caricaturista y a diario El Universo por publicar un dibujo que hacía referencia al allanamiento de la vivienda del exsindicalista petrolero y asesor legislativo Fernando Villavicencio.
A la reacción de 'Bonil' se sumó la del periódico guayaquileño, que a través de su editorial manifestó su rechazo a la resolución del superintendente Carlos Ochoa.
«Somos una publicación pluralista y respetuosa de la libertad de expresión, como debe ser la prensa en un país que se define como democrático (…) Diario El Universo rechaza esta resolución que lesiona, una vez más, la libertad de expresión en el país y hará uso de todos los recursos de la ley para defender esta causa», publicó el medio impreso ayer.
Según la Ley de Comunicación, primero se debe cumplir con la sanción impuesta por la Superintendencia de la Información y luego se podrá impugnar la resolución ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Aquí se iniciará un proceso judicial para determinar si el fallo dictado por la entidad de control es válido o no.
El artículo 58 de la norma dice que «en caso de que los administrados impugnen judicialmente la resolución de la Superintendencia, tal resolución continuará aplicándose hasta que un juez competente la suspenda o la revoque».
El superintendente Carlos Ochoa explicó el viernes que la sentencia dictada se justifica en las «violaciones» que se cometieron a la Ley de Comunicación con la publicación.
El caso de 'Bonil' captó la atención en varios países. Los medios de comunicación de Bolivia, Argentina, Colombia, Perú, España, Venezuela, Reino Unido, entre otros, replicaron la noticia de la sanción.
En las redes sociales, los usuarios se solidarizaron con el dibujante y cuestionaron la resolución de la entidad de control y difundieron imágenes que hacían alusión al proceso administrativo contra 'Bonil'.
Asimismo, las columnas de opinión de los diarios nacionales cuestionaron la sentencia que dispuso la rectificación de la caricatura, así como el pago del 2% del promedio de la facturación del último trimestre del 2013 del diario.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció ayer, 1 de febrero, sobre el caso. En un comunicado dijo que la sanción representa la «aplicación concreta de la ley mordaza, pone de manifiesto la intolerancia y de manera peligrosa alientan aún más la autocensura».
El presidente del organismo, Claudio Paolillo, señaló que este tipo de procesos administrativos demuestra un retroceso en la libertad de expresión del país. «(…) Todavía existe un tipo de libertad de expresión bajo el régimen del presidente Rafael Correa: únicamente la libertad que él autorice».
Esto, porque no han existido casos similares en el continente, en donde se ha sancionado a dibujantes por sus caricaturas.
Este tipo de acciones se habían visto en Oriente Medio. En el 2012, Irán castigó al caricaturista Mahmoud Shokraye a recibir 25 latigazos por haber dibujado a un diputado vestido de jugador de fútbol para ironizar sobre las interferencias del Gobierno en el deporte.
El primer antecedente de este tipo de casos se produjo en el 2005, cuando se desató una crisis internacional luego de que un diario danés publicara unas caricaturas de Mahoma. Los autores fueron demandados por siete organizaciones islámico-danesas por supuestas injurias y calumnias en contra de los musulmanes.
Pero en el 2008 un tribunal de justicia los absolvió, porque consideró que si se sancionaba a los comunicadores «se podía afectar la libertad de expresión», lo que está prohibido en el país, salvo en casos de seguridad nacional.
Correa apoya la sanción
Ayer el presidente Rafael Correa se refirió a la resolución de la Superintendencia de la Información. En su enlace sabatino cuestionó a 'Bonil' y dijo que lo que hizo el caricaturista «fue una infamia, una injusticia».
Esto, porque la imagen difundida hacía referencia al proceso judicial que se inició en contra de Villavicencio y el legislador Cléver Jiménez, por el supuesto 'hackeo' de los correos electrónicos del Mandatario, del vicepresidente Jorge Glas, y del secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.
A inicios de enero, el Jefe de Estado había cuestionado la viñeta, porque consideró que era una «mentira». Entonces dijo que iniciaría un proceso legal ante el organismo de control de los medios; sin embargo, no fue necesario, porque la Superintendencia de la Información lo hizo de oficio y terminó con la resolución dictada el viernes.
«Por más que le ponga dibujitos no dejará de ser una calumnia. Vamos a luchar contra estos cobardes sicarios de tinta», dijo Correa. Y lo retó a que le enfrente electoralmente.
Foto: El Comercio
