El director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, remitió un oficio y documentación de respaldo al titular de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, Byron Valarezo, en el que solicita investigar las presuntas operaciones «inusuales e injustificadas» de Antonio José Ricaurte Román, candidato a concejal de Quito por la alianza Suma-Vive que lidera el postulante a alcalde Mauricio Rodas.
El oficio, remitido por el SRI el 28 de enero pasado, destaca como asunto 'reporte operacional inusual' no solo de Ricaurte, sino de quienes él dice le prestaron dinero para invertir en Nueva York (Estados Unidos) en Certificados de Inversiones en la Bolsa de Valores (CFDS). Ellos son: el empresario argentino nacionalizado ecuatoriano Domingo Roberto Damone Abbruzzese y el ecuatoriano Julio Ricardo Ruales Barreiro.
Esa salida de divisas de Ricaurte no concuerda con lo que declaró al SRI de Impuesto a la Renta (IR) en 2009 y 2010, bajo el argumento tributario de que no cumplía con la base mínima de ingresos anuales ($8.570 para el caso del primer período y $ 8.910 para el segundo) que le hubiese obligado a efectuar tal trámite. De ser así, lo que dijo públicamente el exedil de Pachakutik y exalcalde encargado durante la administración de Paco Moncayo, no percibió ingresos mayores a $ 700 mensuales durante esos 2 períodos.
El argumento de Ricaurte es que tras su paso por el Municipio tuvo 2 años laboralmente difíciles hasta acoplarse a su actividad de abogado en libre ejercicio, en una de las empresas de Damone y otras actividades. Sin embargo, ahora las cosas han mejorado y, por ello, desde hace 3 años declaró y pagó el IR.
Sin embargo, lo dicho por Ricaurte sobre su situación no coincide con la denuncia de 5 aspirantes a ediles de Alianza PAIS (AP), pues canceló $ 18.166,21 por salida de divisas en 2011, cifra que equivale al envío al exterior de $ 505.710 en ese período tributario.
Esa suma de dinero -según reportes del SRI- la transfirió al exterior a través de 5 envíos: $ 278,99; $ 9.000; $ 5.600; $ 83.231,56; y $407.600.
A decir de Carlos Marx Carrasco, lo 'inusual' es que, por ejemplo, en el caso de Ruales prestó dinero a Ricaurte pese a que desde 2006 hasta 2012 declaró 0 de Impuesto a la Renta (ver infografía).
Las declaraciones de IR de Damone, al parecer, tampoco coincidirían con lo que dice que prestó a Ricaurte ($ 406 mil) para que invierta en la compra de CFDS.
En el caso de Damone, el SRI tiene identificado, además, que en 2006 vendió $ 295.500 con tarifa 0 de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Damone, en una entrevista con diario El Telégrafo en septiembre pasado, admitió ser uno de los 'aportantes' de la campaña de Ricaurte, aunque aclaró que si su empresa ha hecho transferencias de dinero a la cuenta del entonces precandidato a la Alcaldía de Quito, ha sido porque trabaja con él -desde hace 3 años- como uno más de los abogados de la empresa Aeromaster Airways.
El director del SRI descartó que se trate de un asunto político que busque hacer daño a Ricaurte, actual candidato a concejal, pues dijo que el análisis de ese organismo tributario viene desde 2011, «cuándo no estábamos en proceso electoral alguno». En esa época solicitaron al aludido presentar los documentos que justifiquen, de manera especial, la salida de divisas.
Añadió que el comportamiento tributario de Ricaurte, Damone y Ruales «no está dentro de lo normal, de lo rutinario. Esos datos son fuera de lo común».
Lo que se investiga tras la solicitud del SRI es el presunto delito de lavado de activos, enriquecimiento privado injustificado (esto le corresponde a la UAF) y la evasión o fraude tributario (esto lo determinará la Fiscalía y un juez).
En un comunicado enviado por Damone al portal Ecuadorinmediato.com, dijo que analiza seguir un juicio en contra de los candidatos de PAIS. Afirmó estar «gustoso de responder las inquietudes de cualquier organismo de control del Estado, pues nuestra actividad ha sido siempre transparente y reconocida a nivel internacional».
Ricaurte, también, a ese medio de comunicación, recordó que la inversión fue de $ 14.000, fruto de un crédito con su tarjeta de crédito en un banco del país y que el resto de transacciones consta en las instituciones financieras nacionales.
Foto: El Comercio
